Son varios los conflictos que en los últimos cinco años han ocurrido en el archipiélago. Uno de los más candentes, y que amenaza con poner en riesgo el frágil ecosistema, es el que se ha dado en las últimas dos semanas por la pesca de pepinos de mar. Los pescadores están en la mira.
Una treintena de hombres y mujeres, con palos y piedras en sus manos, cruza insultos con un grupo de 300 personas, entre ellos niños y algunos extranjeros. En medio, un pelotón de 30 policías forma un cordón para evitar enfrentamientos físicos.
Aquella batalla tenía como actores a pescadores artesanales, que el sábado 5 de junio defendían la toma de las instalaciones del Parque Nacional Galápagos (PNG) en Puerto Ayora, y conservacionistas que reprochaban, mediante una marcha, esa acción. Un equipo de periodistas canadienses que prepara un reportaje sobre el trabajo de la Fundación Sea Shepherd –dedicada a luchar por el cuidado de los mares– filmó todos los detalles y en pocas semanas las imágenes de ese conflicto se proyectarán en diversos países.
El mundo observará no solo las maravillas de las islas Galápagos, las Encantadas, reconocidas por la Unesco como Patrimonio Natural de la Humanidad, también una disputa interna que crece.
Un informe técnico de la Estación Charles Darwin determinó que solo se podían capturar 450.000 pepinos. La Autoridad Interinstitucional de Manejo (AIM) de la Reserva Marina de Galápagos, “considerando el aspecto social”, fijó un cupo de pesca de 4 millones de ejemplares durante un período de 60 días, prohibió las capturas en la isla Fernandina y Canal Bolívar y estableció una veda en el 2005 y 2006.
Los pescadores no aceptaron, vino el paro, interpusieron un recurso de amparo e iniciaron otra negociación con las autoridades ambientales.
¿Por qué 987 pescadores (registrados este año por el PNG) paralizan tres y hasta cuatro islas, obligan a suspender el turismo y ponen en riesgo las especies en peligro de extinción?
Cada sector de las islas tiene una respuesta: los propios pescadores, los conservacionistas, los operadores turísticos y los comerciantes.
La pesca fue y es el modo de vida de cientos de familias, desde hace 40 años en el archipiélago. En la actualidad, esta permite un ingreso estimado entre los 10 y 14 millones de dólares al año (sumadas entre pesca de pepinos, langostas y bacalao), frente a los 35 millones de la conservación y 150 millones del turismo.
“Lo que pasa es que el turismo está en pocas manos. La gente del pueblo vive de la pesca, pero a nosotros nos cierran las puertas mientras se abren nuevos sitios de visita”, se queja Eduardo Guillén, pescador que hace diez años llegó de Salango, Manabí. Una opinión que es parte del argumento de los dirigentes pesqueros de Galápagos.
Aldo Salvador, presidente ejecutivo de la Asociación de Operadores de Turismo de Galápagos, explica que los recursos del turismo benefician a todo el Ecuador y el Gobierno debe garantizar que la actividad se cumpla sin contratiempos.
Pese a que es fuente de recursos, la pesca siempre ha diezmado las especies marinas de las islas, desde la época de los balleneros, siglos atrás. En la década del 60 comenzaron las capturas de langosta, con la llegada de barcos de familias guayaquileñas.
La pesca de pepino de mar comenzó a finales de los 80, cuando se presentaron los primeros compradores asiáticos. En el 94, recuerda el pescador Rommel Delgado, la libra de pepino se cotizaba a 200 sucres (10 dólares), cifra que no se compara con los precios promedio actuales: 25 dólares por libra.
Pero el incremento de la demanda de pepinos por parte de comerciantes asiáticos, el aumento desmesurado del número de pescadores y los conflictos con las autoridades ambientales, comenzaron, coincidentemente, con la aprobación de la Ley de Galápagos, el 18 de marzo de 1998. Esta ley, entre otras regulaciones, estableció el registro pesquero y las sanciones para la pesca prohibida.
“Pensamos que fue un error de estrategia. La ley dio responsabilidades y fueron los dirigentes de las cuatro cooperativas pesqueras quienes debían escoger a los socios. Los dirigentes de la época permitieron entrar al perro y al gato”, señala Fernando Ortiz Quevedo, jefe de recursos marinos del PNG.
Así, de 457 agremiados, registrados por la Subsecretaría de Pesca en 1997, en el 99 la cifra se elevó a 795. En el 2002, cuando luego de un paro, la AIM autorizó la pesca abierta, sin cupos, durante 60 días, la cifra llegó a 1.059 pescadores.
En marzo del 2003 entró en vigencia el reglamento de pesca y se estableció una moratoria de cinco años para el acceso de nuevos socios. Muy tarde. El pepino entró en etapa crítica y estaban registrados casi mil pescadores.
Entre los socios de las cooperativas pesqueras hay, además de pescadores, comerciantes, dueños de restaurantes y hoteles, capitanes de barcos turísticos y hasta empleados públicos, como la gobernadora, Alexandra Cedeño. El representante del sector pesquero, Rogelio Guaicha, es diputado alterno del independiente que apoya al gobierno, Vinicio Andrade.
Del total de socios, solo el 47% es oriundo de la región insular; el 40% proviene de la Costa, especialmente de Guayas y Manabí; el 12% es de la Sierra; y el 1% del Oriente. La mayoría de quienes llegaron de fuera lo hicieron entre los últimos diez años.
“Que nos den alternativas para dejar la actividad”, dice Dionisio Zapata, dirigente pesquero de Santa Cruz, quien pide una indemnización de 250 mil dólares para que sus colegas dejen de pescar.
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