Ministro de Ambiente se queja de juez que acogió recurso de los pescadores de Galápagos.
El ministro de Ambiente, Fabián Valdiviezo, expresó ayer que se “ha creado un mal precedente” luego de que el juez 1º de lo Civil de Galápagos, Miguel Regato Cordero, aceptara al trámite el recurso de amparo planteado por el sector pesquero galapagueño en contra de la resolución de la Autoridad Interinstitucional de Manejo (AIM), que dispuso restricciones a la pesca del pepino de mar en el presente año.
En diálogo telefónico con este Diario, Valdiviezo expuso que se pone en riesgo todo el sistema de conservación del archipiélago, porque le quitaría a la AIM la facultad de regular ciertas actividades, como la pesquería.
“Se está creando un precedente nefasto y existe un serio riesgo para la reserva marina, por eso tenemos que actuar con toda decisión”, dijo con énfasis el Secretario de Estado.
El recurso de amparo, planteado el pasado jueves por el presidente de la Unión de Cooperativas Pesqueras de Galápagos y diputado alterno, Rogelio Guaicha, dejó sin efecto la resolución 002-2004 de la AIM, del 7 de mayo de este año, en la que se dispuso la pesca de 4 millones de pepinos de mar, la prohibición de capturar la especie en la isla Fernandina y el Canal Bolívar y la veda de esta holoturia en los años 2005 y 2006.
Valdivieso dijo que si el fallo del juez, que tiene plazo hasta este viernes para pronunciarse, es contrario a la AIM, apelará la decisión en el Tribunal Constitucional.
Criticó, asimismo, la actuación del juez e indicó que está preparando la respectiva queja ante el Consejo Nacional de la Judicatura, para que se sancione al funcionario.
Dijo que esperará la decisión judicial para convocar a una nueva reunión de la AIM y tratar definitivamente el asunto del pepino de mar.
Mientras, Guaicha denunció ayer que el juez Regato está presionado para que falle en contra del sector pesquero.
“Tenemos conocimiento de que el juez está recibiendo fuertes presiones del sector conservacionista para que resuelva en contra de nuestro pedido de amparo”, mencionó el dirigente pesquero.
A la pregunta de que si aceptarían el fallo judicial si no les favorece, Guaicha añadió que “todo dependerá de lo que las bases dispongan”.
Explicó que las cuatro cooperativas pesqueras que laboran en el archipiélago, con asiento en las islas San Cristóbal, Santa Cruz e Isabela, tienen la última palabra si aceptan salir a la pesca tal como lo dispuso la AIM o ejercen una pesca sin limitaciones.
Defendió la legalidad del pedido de amparo, pues dijo que es una petición “justa porque la Constitución garantiza el derecho al trabajo”.
Sostuvo que las resoluciones de la AIM se hacen sin criterio técnico y con un claro favoritismo hacia el sector conservacionista.
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