Al irregular origen de la actual Corte Suprema, auspiciado por el Ejecutivo, se ha sumado la intransigencia de los empleados judiciales que –con el pretexto de combatir actos inconstitucionales– halan de la sábana en diferentes direcciones, sin importarles que se haga pedazos; pues, así de dañada está la imagen del país en el ámbito internacional.
Ha sido necesario que venga un observador extranjero a que palpe in situ la inseguridad jurídica, el descalabro de la democracia y la inescrupulosa ambición de varios actores políticos, para corroborar lo que ya se sabía. “Yo desconfío en que las instituciones del país estén sólidamente consolidadas en su seguridad democrática”, ha dicho el Relator de la ONU.
La situación de la CSJ ha desbordado el ámbito de lo legal. Si no hay una salida por el lado de las instituciones, entonces, ¿podemos esperar a que sean los jueces quienes, en aras de la justicia que defienden, sigan el camino de la renuncia como opción para que la convivencia civil no acabe deshecha?
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