Ayer se determinó a los ciudadanos que resguardarán a cinco de las siete personas para quienes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió medidas cautelares al Estado.
María Paula Romo (del movimiento Ruptura de los 25), Antonio Ricaurte (concejal de Quito), Orlando Pérez (periodista), Paco Velasco (director de radio La Luna) y Diego Guzmán (del Observatorio de Medios) manifestaron su desconfianza en la Policía Nacional, por lo que no aceptan su protección sino solo la de civiles. Pese a ello, exigieron que se culmine con las investigaciones para dar con los responsables de las amenazas y atentados.
En una reunión efectuada el fin de semana pasado con Alexis Ponce, representante de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH), acordaron que serán personajes vinculados con los derechos humanos y organizaciones sociales los que se encargarán de conocer y vigilar por su vida, quienes, a su vez, mantendrán informada a la Comisión.
Ponce explicó que entre las razones que expusieron las 5 personas para no aceptar la protección de la Policía es que no podrían desempeñarse en su trabajo libremente.
De esta manera, Elsie Monge y Pedro Restrepo, defensores de los Derechos Humanos, responderán por las vidas de Velasco y Pérez, respectivamente. Virgilio Hernández, asesor de Pachakutik, vigilará a Ricaurte.
Mientras, Blasco Peñaherrera Solah, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, negoció con la Procuraduría por su cuenta, y Patricio Acosta, ex colaborador del Gobierno, aún no regresa de Venezuela. Hoy, a las 15h00, los cinco ciudadanos se reunirán con el procurador José María Borja para analizar el tema de la inseguridad en el país.
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