Incluir en la consulta popular el cese inmediato de la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ) es el principal cambio que realizará el Gobierno en la propuesta que remitirá al Congreso la próxima semana, anticipó el diputado de gobierno, Gilmar Gutiérrez, pero esto no convence, por lo que los cabildeos continúan.
El ajuste en el texto tiene como propósito abrir un espacio de entendimiento con los socialcristianos ante la renuencia de los prianistas a respaldar la consulta del régimen.
El Prian está empeñado en defender la constitucionalidad de la actual Corte y su permanencia, mientras el Ejecutivo se ratifica en que su carácter es temporal.
El PSC, por su parte, sostiene su criterio de que los actuales magistrados deben ser cesados de manera inmediata, posición que abre un espacio de acercamiento según el independiente Rafael Dávila.
El diputado Gutiérrez señaló que el Gobierno está dispuesto a incluir la cesación de la Corte, pero luego que sea aprobada la consulta popular por parte de la ciudadanía. Insistió que no están de acuerdo que la solución a la crisis judicial nazca del Congreso, porque “cualquier Corte que salga con la aprobación de la actual mayoría igual será criticada”.
Ayer la tesis de ir hacia una propuesta mixta que incluiría el cese inmediato de la CSJ, luego declarar una vacancia por, al menos, dos meses y someter a consulta popular el procedimiento para designar a los nuevos magistrados era parte de las negociaciones políticas en el Parlamento y de la Asamblea de Quito.
Tras dos horas de reunión, entre el alcalde capitalino, general (r) Paco Moncayo, y ocho diputados de varios partidos políticos, los dos sectores llegaron a tres acuerdos preliminares para reorganizar la Corte Suprema de Justicia.
El primero, bajar las tensiones en el Parlamento y buscar que los jefes de bloque elaboren un documento con una fórmula constitucional para cambiar el organismo.
Luego, acoger la propuesta de crear una comisión calificadora para nombrar a los nuevos magistrados a través de un concurso abierto.
Como tercer punto, acordaron hacer un llamado al diálogo y no descartar ninguna de las 12 propuestas que existen para reorganizar la Suprema.
Así lo confirmó ayer Moncayo en una improvisada rueda de prensa. Aunque reiteró que la salida a la crisis judicial debe encontrarse en el Congreso, dejó entrever que todos los proyectos serán acogidos. Por ello, no descartó aceptar la consulta del régimen.
A la cita, que se inició a las 15h00 y concluyó cerca de las 17h00, acudieron los legisladores Carlos Vallejo (Prian), Alfredo Serrano (PSC), Ramiro Rivera (DP), Jorge Sánchez (ID), Enrique Ayala Mora (PSE), Marco Proaño Maya (PRE), Julio González (PK) y Rodrigo García (G-7).
El alcalde indicó además que hoy se reúne la denominada Asamblea de Quito para analizar si mantiene su propuesta de revocar el mandato a los diputados que aprobaron los cambios en la CSJ el 8 de diciembre del 2004.
En tanto, los socialcristianos podrían respaldar la consulta popular bajo dos condiciones: que los magistrados cesen en sus funciones cuando la consulta sea calificada de urgente por parte del Congreso y además que en la decisión del Parlamento también participen la Izquierda Democrática y Pachakutik, dijo uno de los miembros del PSC que pidió la reserva de su nombre.
En la tarde el secretario de la Administración, Óscar Ayerve, se reunió con diputados roldosistas, entre ellos Carlos Karu, Dennys Cevallos y Homero López, para analizar los cambios en la consulta.
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