El gobierno ecuatoriano planea enviar esta semana al Congreso su proyecto de ley para redistribuir las utilidades del petróleo con las empresas extranjeras y con el cual aspira a recaudar unos 600 millones de dólares, anunció este domingo el ministro de Economía, Diego Borja.
El funcionario indicó que la iniciativa ya está en manos del presidente Alfredo Palacio y que sólo resta su trámite en el Congreso a los efectos de que pueda ser aplicada desde marzo.
"Si es que el presidente envía la ley esta semana y el Congreso la aprueba en un plazo perentorio, desde marzo empezaríamos a recibir los nuevos recursos", dijo Borja a Ecuavisa.
El proyecto prevé modificar la ley de hidrocarburos mediante la cual el Estado y las multinacionales se reparten las ganancias del petróleo a partir del precio internacional de referencia del barril.
Según Borja, al momento de su suscripción los convenios fijaron un precio inferior al que alcanza actualmente y por ello el Estado cuenta con la potestad de reliquidar las ganancias.
"Hemos planteado que si el margen era, por ejemplo, de 15 dólares al momento del contrato y en la actualidad es de 60, hay 45 puntos de diferencia que deben repartirse por mitades entre las partes", explicó Borja en una reciente conferencia de prensa.
En un comienzo el ministro había planteado la posibilidad de que la ley fuera retroactiva desde el año 2000, pero luego desistió de ello por su inviabilidad jurídica.
"Esto rige para el futuro. Las condiciones del mercado externo han cambiado, y lo que estamos pidiendo es que se legisle a partir de esas variaciones", manifestó.
El secretario de Estado prevé recaudar con ello unos 600 millones de dólares que serían destinados al financiamiento de programas de bienestar social en las rovincias, que en un alto número han amenazado con paralizaciones para exigir uevos recursos.
Las petroleras extranjeras aún no han fijado una posición frente a los planes del gobierno de Palacio, quien también aspira a renegociar los convenios con las compañías, en procura de establecer una repartición de ganancias del 50% para cada una de las partes.
Palacio ha considerado que en los actuales términos dichos acuerdos -que soo prevén un 20% de beneficio para el Estado- son "extremadamente injustos".
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