Los directivos de la compañía estadounidense Oxy afirman estar seguros de que van a continuar en el país, e inclusive piensan que si el dictamen es contrario, las comunidades se aterrorizarán porque no estarían conformes que vaya a operar Petroecuador.
Consideran también que los documentos que presentaron al Ministerio de Energía el 7 de febrero pasado son suficientes para desvirtuar la intención de caducidad del contrato, recomendada por la Procuraduría General del Estado y Petroecuador.
"Si el ministro (Iván Rodríguez) aplica la ley y la Constitución, no hay la más mínima duda de que este proceso terminará siendo favorable para nosotros. Si actúa motivado por intereses políticos o de otra índole entonces la respuesta será otra", expresa Daniel Almaguer, vicepresidente de asuntos legales de Oxy.
Pero si el dictamen es contrario a sus aspiraciones, la empresa se defenderá.
Existe la decisión, si se declara la caducidad, de acudir a organismos internacionales. "Esa sería una opción".
Almaguer refiere que nadie ha presentado algún documento que pruebe que hubo traspaso de bienes o derechos a Encana.
Reconoce que Oxy ha sido multada por no entregar informes a tiempo. "El causal de caducidad es para castigar al contratista que causa daño al Estado, pero nadie demuestra que nosotros hayamos hecho eso", señala el directivo.
Según él, "se quiere aprovechar la ocasión para botarnos del país, pero nadie ha probado nada".
Oxy extrae cien mil barriles diarios, de lo que el 25% va al Estado.
Además del conflicto por la caducidad, Oxy y el Estado ecuatoriano mantienen un litigio internacional por la devolución del IVA que la empresa pagó entre 1999 y el 2003.
La estadounidense Oxy argumenta que ni la Procuraduría ni Petroecuador presentan pruebas de una transferencia de derechos a Encana.
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