A partir de ahora, el país debe unirse firmemente en torno a lo que el Congreso y el Presidente –que representan mayoritaria y democráticamente a la Nación– han acordado de manera constitucional y legal.

Insistir en las diferencias que pudieron existir anteriormente no sería lo más prudente.
Todo tiene su tiempo y su lugar, y este es el momento, más bien, de apoyar entre todos la justa demanda de que se restablezca el equilibrio económico de aquellos contratos, que con el alza inesperada del precio del crudo se volvieron inequitativos e injustos para el país que es dueño de esos recursos.

Lo que pide el Ecuador no atenta contra el Derecho ni la Justicia en ningún modo. Las propias empresas petroleras aceptaron, en los últimos días, que el país tiene motivos de sobra para pedir que se revise la relación que mantenemos con ellas. Sería un contrasentido que ahora se contradigan, negándose a un diálogo razonado sobre el tema que estamos comentando en los términos que la nueva ley establece.