QUITO.- El candidato presidencial Marco Proaño Maya (d) dialoga con algunos jóvenes de la agrupación política que lo respalda, el Movimiento Reivindicación Democrática (MRD).
Marco Proaño Maya apura la recolección de firmas de respaldo a su candidatura presidencial en todo el país. Sus colaboradores son grupos de jubilados, pensionistas, ex combatientes y viudas beneficiados de alguna manera por la legislación que impulsó desde el Congreso.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confía en el civismo de los ecuatorianos residentes en el exterior para conformar, en los países donde viven, las mesas electorales para los comicios.
Una sola propuesta registró la convocatoria a concurso que publicó el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para seleccionar a la empresa que se encargará de monitorear la publicidad en medios de comunicación social de quienes participarán en los comicios de octubre.
El ministro ecuatoriano de Defensa Oswaldo Jarrín declaró este miércoles que su país, pese a los grandes esfuerzos que realiza en la lucha contra el terrorismo y narcotráfico, no está recibiendo lo que nos corresponde para cooperar con los objetivos de la seguridad continental.
El candidato del Prian, Álvaro Noboa, es el único que ha excedido el límite del gasto electoral, que fue fijado en $ 2,7 millones. Según un reporte de Infomedia (cuyo gerente también es José Lucero), él ha destinado $ 5'003.794,20 para promocionarse en los medios de comunicación, desde octubre del 2004 hasta el mes pasado.
El candidato presidencial de Alianza PAÍS, Rafael Correa, no responde aún al movimiento Pachakutik, que planteó elecciones primarias para definir una postulación única de la tendencia de izquierda.
Sandra Correa, ex ministra de Educación del régimen de Abdalá Bucaram, realizó en el país, durante tres meses, actividades particulares sin restricción, pese a que sobre ella pesaba una orden de captura, que se había reactivado en marzo pasado, cuando la Policía Judicial fue informada que los autos del juicio de peculado por el caso de la Mochila escolar continuaban vigentes.
Representantes de la Comisión de Fiscalización del Congreso abandonaron España tras ahondar en las investigaciones sobre las irregularidades cometidas en los traslados de cadáveres que gestionó la Defensoría del Pueblo, entre el 30 de agosto del 2001 y el 31 de julio del 2003.
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