Para los habitantes de varias comunas cercanas a la cordillera Chongón-Colonche, aprender a manejar la sierra eléctrica es tan importante como saber montar a caballo. Incluso más, porque un buen jinete tiene la posibilidad de movilizarse con rapidez por esta agreste zona de la provincia del Guayas, pero la sierra eléctrica –motorizada descendiente del hacha– otorga a los campesinos los mismos beneficios que una educación académica brinda a un citadino universitario: la posibilidad de ganarse la vida.

¿Y la agricultura? Ojo con los números: una hectárea (10 mil m²) de sembríos de maíz produce aproximadamente 50 quintales del producto, los cuales significan una ganancia de $ 70 por hectárea tras seis meses de trabajo en la tierra. Pero dirigirse a la montaña para derribar un árbol les provee un ingreso de $ 50 por solo un día de trabajo, tras lo cual deben descontar los $ 35 que pagan en total por el alquiler de la sierra eléctrica (aquellos que no tienen el instrumento), por las mulas para transportar la madera desde la montaña al pueblo y, desde allí, por el flete de la camioneta que lleva la madera a la población de Santa Elena. Es decir: $ 15 de ganancia al día.

Por eso nadie puede culpar a Marcelino Guale (45 años) haber trabajado durante más de 20 años como talador artesanal de estos bosques y de haberles enseñado a sus dos hijos varones (hoy de 28 y 27 años) a usar la sierra eléctrica desde niños, como si fuera un conocimiento ancestral obligado que debiera pasarse de generación en generación.

Trece comunas diferentes
Pero hoy este campesino de la comuna Dos Mangas ya no es talador. Es más, actualmente protege lo que una vez derrumbó, gracias a un programa conjunto iniciado en octubre de 1998 entre Fundación Natura y trece comunas de la zona norte de Manglaralto: Dos Mangas, La Entrada, San José, Las Núñez, Olón, Loma Alta, Febres Cordero, Julio Moreno, La Barranca, Bellavista del Cerro, Pedro Pablo Gómez, Sinchal-Barcelona y Vueltas Largas. “Ellos (Fundación Natura) llegaron para proponernos que empecemos a proteger el bosque porque se destruía la naturaleza y se perjudicaba la tierra. En la comuna nos reunimos todos para analizar la propuesta, y aunque algunos no querían aceptar finalmente decidimos que lo mejor era proteger nuestro bosque”, indica Guale, quien hoy como guardabosques gana un sueldo diario de $ 6 (su turno abarca dos o tres días a la semana), mientras que los propietarios de tierras reciben de la entidad $ 340 por cada hectárea de bosque que reforestan, cantidad total que se les entrega en cuotas durante un periodo de tres años gracias a recursos económicos que anualmente provee para este programa el Banco de Reconstrucción de Alemania (KFW).

El dinero y los árboles son distribuidos entre las comunas por Fundación Natura, entidad conservacionista que busca proteger las 77 mil hectáreas del Bosque Protector Chongón-Colonche, la cual ha sido desde siempre el área maderera más explotada de la provincia del Guayas. Así lo indica Juan Valladolid, técnico de Fundación Natura y coordinador de este proyecto que puso fin a una situación dramática en esta zona agrícola. “Antes cada comuna talaba un promedio de 1.200 árboles al año, hoy la norma es que cada comuna puede cortar solo uno por cada 10 hectáreas, es decir, unos 300 al año para cada comuna; además se han logrado reforestar 2.500 hectáreas”, señala.

Tal propósito ha sido posible gracias al compromiso de las comunas involucradas, “porque la única manera de detener la deforestación era involucrando a los propietarios de las tierras”, señala Valladolid sobre esta regulación que obliga a los campesinos a solicitar permiso a sus propias autoridades para derrumbar árboles incluso dentro de su propiedad.

“Las autoridades nos reunimos una vez a la semana y aceptamos o rechazamos los permisos para talar los árboles. Y si a algún miembro de la comuna se lo descubre cortando árboles sin autorización se le decomisa la madera y se le impone una multa de $ 20 por cada árbol talado. A los reincidentes se les niega todo permiso para extraer madera por los próximos tres meses”, explica Guale en compañía del también guardabosques Galo Salinas (54 años).

Protección con dificultades
Salinas ha reforestado dos hectáreas de su finca en Dos Mangas, más otras ocho hectáreas que posee en tierras cercanas, por lo que calcula que ha sembrado más de 5.000 árboles solo en su propiedad, especialmente del tipo cedro cubano. Sin embargo, la tarea es difícil porque la agricultura no suple los beneficios que le brindaba la explotación del bosque.

“Las cosechas se pierden por falta de agua. Tengo un pozo con buena agua, pero la bomba se dañó y ahora no puedo llevar líquido a los cultivos”, señala este campesino que siembra cebolla, tomate, melón y pepino.

El agua es el principal problema en esta zona del país. Una bomba nueva costaría entre $ 150 y $ 200, pero Salinas no tiene el dinero para tal inversión. “Todos los campesinos sufrimos por el agua, y si logramos cultivar siempre queda la posibilidad de que se desplomen los precios de los productos agrícolas, como suele ocurrir”.

Sin embargo, Salinas, Guale y los demás campesinos de su comunidad confían en que podrán solucionar cualquier problema para continuar con su actividad de agricultores. Lo importante es no recurrir nuevamente a la tala excesiva de árboles, porque Salinas asegura que “ahora tenemos conciencia para proteger un bosque que tarda un montón de años en sanarse por los árboles cortados”.

Parece mentira que hasta hace cinco años Salinas también era un talador que tomaba del bosque aquello que necesitaba, al igual que lo hacían los casi 20 mil campesinos que habitan en las trece comunas involucradas. “Este es un esfuerzo grande que hacemos para proteger nuestra tierra; las cosas son más difíciles ahora (en lo económico), pero sabemos que estamos haciendo lo correcto”.

Informes y ofrecimientos de ayuda para estas comunas: Fundación Natura, Juan Valladolid o Augusto Pinzón, 278-7326/7.