La Constitución Política, al igual que la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagran la libertad de expresión como uno de los derechos fundamentales del hombre. Sin embargo, escudados en el ejercicio de tal derecho, hay algunos medios que adelantan campañas orientadas a desprestigiar y  lesionar el honor de las personas, e incluso, en una flagrante violación de nuestro ordenamiento jurídico, pretenden interferir en la administración de justicia.

Miembros de nuestra familia, los señores William y Roberto Isaías Dassum, están procesados -desde hace ya más de seis años- por la Honorable Corte Suprema de Justicia del Ecuador encausados por una infracción que, a juicio de los más importantes juristas del país, es inexistente. Se trata sin duda de un juicio politizado que por sus características ha concitado la atención del país y, naturalmente, de los medios de comunicación.

EL UNIVERSO está empeñado en registrar los hechos concernientes al citado proceso, de manera tal que contradice el elemental postulado de informar objetiva e imparcialmente con sujeción a la verdad. Esta actitud es también la asumida por su editor de Opinión, señor Emilio Palacio, quien saltando por encima de principios éticos, apoyado en la pértiga de un extraño rencor, ha llegado al extremo incalificable de aseverar que en la Honorable Corte Suprema de Justicia del Ecuador hay magistrados proclives al soborno, dispuestos a expedir una providencia absolutoria a favor de los señores Isaías Dassum.

Como si se tratara de una endemia, Diario EL UNIVERSO, periódicamente, acude a esta campaña intentando lesionar el honor de una familia que durante un siglo ha sido, y lo sigue siendo, factor de desarrollo y generador de bienestar y trabajo para miles de familias ecuatorianas. Los señores Isaías Dassum son juzgados y sentenciados en sus titulares y cuerpos de información. Y el ejercicio a su legítima defensa -consagrada en las leyes de la República del Ecuador- es glosado y motivo de "burla burlando" por el crítico de televisión del Diario EL UNIVERSO, señor César Ricaurte, en una clarísima pretensión de irrespetarla y desvalorizarla.

La única explicación que encontramos es una persecución sin justificación alguna. Debemos entonces concluir que se trata de designios indescifrables depositados en el arcano. Deseamos poner en conocimiento nuestra extrañeza y protesta ante estos hechos que resultan, por lo menos, contradictorios a la regla de oro del buen periodismo: la verdad por sobre todas las cosas. Es lo único que esperamos.

Estéfano Isaías Dassum
Guayaquil

Nota de la Redacción:  Diario EL UNIVERSO ha sido criticado alternativamente por "defender" y por "atacar" a los hermanos Isaías. Ninguna de las dos acusaciones es cierta. Este Diario se limita a informar con objetividad.

La Dirección de EL UNIVERSO tiene como política editorial no influir en las opiniones de sus columnistas, que exponen su criterio personal con libertad.

En relación con las sanciones que se quieren imponer a quienes fumen en lugares públicos, y que entiendo es una modificación o ampliación al acuerdo ministerial que se publicó en la presidencia del Arq. Sixto Durán-Ballén, existen vacíos no aclarados sobre la ejecución de tal medida, y quién la llevará a cabo, ya que resulta algo impracticable la sanción.

Hay que multar sí, pero más que con valor económico, propongo que se hagan acciones comunitarias en cárceles, hospitales, o actividades públicas de real beneficio social y bochorno personal. La comisión del Congreso que tiene que ver con la Ley de Defensa al Consumidor y es encargada de aplicar esta medida, debería clarificar la definición que como "drogas lícitas" se tiene del alcohol y tabaco (Ley  108 Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas), ya que siendo ambas dañinas para la salud se entiende que se las puede adquirir y consumir libre y abiertamente. Por eso,  debe cambiarse esta tipificación a la de "drogas lícitas perjudiciales para la salud", lo cual conllevaría a legislar otro tipo de medidas que tengan a la salud humana como su objetivo primordial.

En las bebidas alcohólicas debería regularse la venta a base de los grados de alcohol; las de menor grado pueden venderse en tiendas pequeñas, de barrios, y en lugares de espectáculos públicos como estadios, ferias...; y aquellas con grados de alcohol medio y alto se comercializarían solo en comisariatos y supermercados presentando identificación de mayoría de edad. Las licoreras, bares y discotecas serían estrictamente controlados, incluidos sus horarios de funcionamiento. Esta labor la efectuarían las intendencias de policías o los municipios, de acuerdo con su nivel de competencia.

Pero si de verdad se quiere limitar el consumo del cigarrillo habría que poner sus precios de venta por encima de los valores internacionales. Los medios de comunicación deberían hacer campañas de prevención del consumo de estas drogas, graficando el daño que ocasionan.

Dr. Antonio Martínez González
Guayaquil

Es desesperante sentarse en los patios de comidas de los centros comerciales y recibir el desagradable y superdañino humo de los cigarrillos de muchas personas que creen que sus derechos están por encima de los que no fumamos.

Los fumadores son además de autodestructivos, totalmente desconsiderados, expelen su maligno humo encima de cualquier ser humano cerca, y se disgustan mucho si se les pide comedidamente que apaguen el cigarrillo o se retiren. Hago un llamado a todos los que nos sentimos agredidos, a que empecemos a defendernos. Cada vez que nos lancen humo pidamos que apaguen el cigarrillo y si no lo hacen llamemos a un empleado del sitio para que algo haga; después de todo, estamos consumiendo en el mismo lugar.

Paquita Barreto Flores
Guayaquil

Respecto de la  crítica de César Ricaurte que el último miércoles justamente reclamó más profundidad en el cuestionario que se formula a los candidatos, debo puntualizar acerca de mi intervención el último lunes en Teleamazonas que yo me pronuncié nítidamente respecto de los homosexuales, al prometer que no permitiré discrimen por ningún concepto y que estoy dispuesto a presentar un proyecto de ley que permita a los homosexuales legitimar su relación, sin que a su asociación se la considere un matrimonio, ni se les permita adoptar a un menor del mismo sexo.

Dr. Jaime Damerval Martínez
Guayaquil

Holguer E. Romero Urrea
Guayaquil

Partiendo de la base de que el placer de fumar lo ejerce el ciudadano libremente, y es su opción hacerlo o no,  afirmamos que su opción no puede restarle a otros el derecho a no percibir el humo de sus cigarrillos, convirtiéndolos en fumadores pasivos.

El Gobierno está obligado a acotar recintos públicos en beneficio general. Los recintos públicos no son las aceras de las calles, los parques abiertos, las playas, son sitios cerrados: cines, dependencias públicas, hospitales, bancos, aeropuertos, estación de buses...; ahí sí se pueden hacer efectivas las sanciones, pues los encargados llamarían a la Policía, le piden la identificación, se la retienen, y le dan al fumador la boleta numerada de la multa, y cuando la presente y pague donde se le indique le devolverán la documentación.

En hospitales y dependencias públicas, lo ideal para controlar el dinero de las multas sería la numeración y sus pagos en el Banco Central del Ecuador en donde lo hubiera; donde no exista, se cancelaría la multa en un solo banco de cobertura nacional. El policía o agente entregaría las copias oportunas de cada sanción en "partes" diarios escritos, a su jefe inmediato, quien firmaría y sellaría su conformidad, y pasaría la responsabilidad al jefe de la sección. El objetivo es limar suspicacias.

En los transportes públicos: aviones, trenes, buses, taxis..., tendría que existir un control férreo en la conducta del conductor, a quien por razones éticas profesionales se le prohíbe el consumo de tabaco, alcohol y de otras sustancias. Con voluntad, civismo y respeto a los demás, podríamos tener mejor convivencia.

Lauro E. Damerval Martínez
Guayaquil

Sobre el nuevo Registro Civil construido por la Municipalidad de Guayaquil, hago esta puntualización en beneficio de la comunidad.

En el nuevo documento que representará nuestra identidad es necesario hacer constar nuestro tipo de sangre y dirección domiciliaria. Eso sería una prioridad si tomamos en cuenta que a la persona le puede ocurrir un accidente doméstico, de tránsito o de cualquier otra índole. Y para certificar la veracidad del domicilio, se deberá exigir original o copia de las planillas de cualquiera de los tres servicios básicos: luz, agua o teléfono.

Gonzalo René López Cepeda
Guayaquil

Siento satisfacción porque al fin Guayaquil cuenta con un moderno edificio para el Registro Civil que permite una mejor atención a los usuarios, pero considero necesario que frente al mismo, en la avenida Juan Tanca Marengo, se construya urgente un paso peatonal elevado con una rampa para discapacitados (semejante a la existente frente al Mall del Sol) y una valla que impida que las personas crucen esa vía en forma imprudente, como sucede actualmente bajo el paso peatonal de la ciudadela Martha de Roldós.

Dicha obra sería suficiente, siempre que se lo ubique correctamente, y serviría a los usuarios del nuevo Registro Civil y a los habitantes de la mencionada ciudadela. Otro aspecto por tomarse en cuenta sería un parqueo seguro para quienes acudan en vehículos particulares. Con estas dos obras se evitarían congestionamientos, accidentes, y la prepotencia de los "cuida carros" que abusan en la ciudad.

José E. Torres Murriagui
Guayaquil

Me refiero al editorial de este Diario, publicado el  22 de agosto del presente año, que tiene relación con el anuncio sobre que Defensa Civil invertirá algo más de un millón y medio de dólares para reinaugurar el servicio de emergencia telefónica 911, como parte de los esfuerzos para combatir el crimen.

Concordamos en el criterio que emiten en el editorial, pues toda iniciativa que busque aumentar los índices de seguridad ciudadana merece ser respaldada; pero debemos recordar que el funcionamiento del sistema de llamadas 911, que ha manejado a lo largo de los años el Gobierno central, ha carecido de una falta de continuidad y proyección durante todo este tiempo para hacerlo un servicio legítimo ante la ciudadanía.

Precisamente por esos antecedentes, la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, en el mes de julio, luego de visitar los principales y más sofisticados sistemas de atención telefónica de emergencias en el mundo, convocó públicamente a concurso de precios con el objeto de adquirir, instalar y poner en funcionamiento en Guayaquil un sistema número único de recepción y atención de eventos de emergencias y consulta de antecedentes, para la ciudad; el cual tiene un costo referencial superior a los tres millones y medio de dólares.

La Corporación, que me honro en presidir, tiene garantizado su permanente financiamiento por parte del Gobierno central y del Municipio de Guayaquil, por lo que el sistema por adquirir no quedará como una ejecución temporal, tal como ha pasado con otros buenos intentos. Con esto, considero oportuno que el Gobierno central invierta en otros aspectos también fundamentales para combatir el crimen, y no exista un desdoblamiento de inversiones y esfuerzos en el nuevo intento de establecer permanentemente el sistema 911, el cual la Corporación para la Seguridad Ciudadana manejará y mantendrá con el concurso de todas las instituciones vinculadas con la lucha antidelictiva.

Ing. Gustavo Zúñiga Gebert
Presidente de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil
Guayaquil