El operativo fue parte de las acciones contra la inmigración ilegal. En Los Ángeles, varias empresas demandaron a otras por contratar a 'sin papeles'.
Las autoridades detuvieron a 326 personas en la zona de Houston, incluidos algunos acusados de asesinato, como parte de una ofensiva nacional contra la inmigración ilegal.
Treinta de los arrestados eran fugitivos con órdenes de deportación, 89 no tienen acusaciones criminales pero enfrentan órdenes de repatriación, mientras que 17 son inmigrantes ilegales acusados de algún delito. El resto son inmigrantes que han infringido la ley, según fuentes de Inmigración.
Las autoridades han deportado a 142 de los detenidos a sus países, México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Colombia, India y Pakistán.
Mientras, en Los Ángeles varias empresas, enfurecidas por la inmigración de indocumentados, llevaron el martes pasado su queja a las cortes, donde presentaron unas serie de demandas en las que acusan a sus competidores de contratar a inmigrantes ilegales para tener una ventaja competitiva.
Los demandantes dijeron que su acción sirve para reforzar la ley inmigratoria al sentar un precedente que disuada a las empresas de contratar a indocumentados.
En una demanda presentada el martes, una agencia empleadora que suministra trabajadores agrícolas demandó a tres empresas.
"Vemos cómo los abogados intentan influir en este asunto tal como lo hicieron en la seguridad del consumidor", dijo Mike Hethmon, del Instituto de Reforma de Ley Inmigratoria, un grupo que apoya las demandas.
La emprsa Global Horizons señaló en su demanda que Munger Brothers contrató a indocumentados de la empresa Ayala Agricultural Services y J&A Contractors.
La demanda agrega que Munger Brothers tenía un contrato con Global Horizons para emplear a más de 600 cosechadores en el segundo trimestre de este año, pero incumplió el acuerdo para contratar a inmigrantes ilegales.
Con un estimado de once millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, los trabajadores sin papeles son una parte importante de la fuerza laboral del país.
En tanto, la realización de audiencias públicas mantiene estancado el debate de la reforma migratoria que definirá el futuro de millones de indocumentados.
El proyecto de ley inmigratoria del Senado le costaría al gobierno 49.000 millones de dólares en los próximos cinco años y 127.000 millones en la próxima década, estipuló la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO).
La mayoría de los costos estarían vinculados con el incremento de las fuerzas de seguridad y con la construcción de centros de detención.
La propuesta le ofrecería el camino a la ciudadanía a millones de inmigrantes sn documentos. El gasto gubernamental en programas de ayuda, incluyendo la devolución de impuestos a los trabajadores pobres, se incrementaría en 16.000 millones de dólares del 2007 al 2011, y 48.000 millones en una década, indicó la oficina en un informe.
Más de 16 millones de personas se convertirían en residentes legales para el 2016, calculó la CBO. De esa cifra, unos 9,5 millones ya estarían en el país o ingresarían en la próxima década bajo la nueva ley.
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