Un examen de Auditoría Interna de Petroecuador determinó que la normativa para los contratos de remediación ambiental es insuficiente; y su ejecución, parcial.
A través del sistema de órdenes de trabajo, que permite atender emergencias sin la necesidad de un concurso, Petroecuador contrató a nueve empresas para la remediación ambiental de los derrames ocurridos en la Amazonía, desde el 2002 hasta el 28 de agosto de este año.
Por esa tarea Alquiser, PTI, Arcoil, Congeminpa, Ecuavital, Garner, Microbac, Pecs Iecontsa y Justice recibieron $ 79,81 millones (más de tres veces el presupuesto del Ministerio del Ambiente para el 2006, que es de $ 23 millones).
Francisco Romero, gerente de Ecuavital, la compañía que más ha facturado por remediación, reconoce que los derrames ahora concentran los esfuerzos de muchas firmas que fueron creadas "para atender el pasivo ambiental de más de 30 años de explotación hidrocarburífera".
Sin embargo, Auditoría Interna de Petroecuador determinó irregularidades y deficiencias administrativas en la emisión de las órdenes de trabajo entre el 1 de abril del 2002 y el 31 de mayo del 2005. Los resultados constan en un examen especial que concluyó en febrero de este año.
El documento advierte que de los 325 derrames que ocurrieron entre el 2003 y el 2004, 150 no recibieron tratamiento "por falta de recursos".
El dinero solo le alcanzó a la estatal para actuar sobre 136.
Los 39 restantes (de 325 contabilizados) fueron atendidos por empresas privadas. Aunque este número de derrames era menor, abarcaban el 92% del área contaminada (2,1 millones de metros cuadrados).
¿Cómo llegaron esas empresas a ser contratadas? Lo hicieron luego de ser calificadas en las Listas Públicas de Precios (LPP) aprobadas por el Consejo de Administración (CAD); requisito principal para recibir órdenes de trabajo.
Para eso debían cumplir una serie de requerimientos. Entre ellos, tener certificados ISO 9001 (de calidad) e ISO 14001 (ambiental), nómina del personal con experiencia de mínimo un año, inspección de talleres, detalle de equipos y reportes de cumplimiento de obligaciones tributarias, con el IESS, con la Contraloría y con la Superintendencia de Compañías.
Auditoría Interna sostiene, primero, que la definición de las Listas de Precios se realizó con criterios diferentes, lo que se reflejó en ítems (rubros) cuyos precios variaban -entre una empresa y otra- hasta en 196%. Luego, varias empresas no presentaron los requisitos mínimos; Garner, Ecuavital, Microbac, Congeminpa, Alquiser, PTI y Justice omitieron -según el examen- documentos básicos, como la inspección de talleres o reportes tributarios.
Aun así, las compañías fueron contratadas por Petroecuador para las tareas de remediación, incluso sin las certificaciones ISO 9001 y 14001, exigidas desde el 8 de noviembre del 2003, cuando el CAD dictó la Resolución 363. Desde esa fecha hasta fines del 2005, el Consejo fue postergando los plazos para que esas empresas cumplan esa exigencia.
Ecuavital obtuvo las certificaciones recién en febrero y septiembre del 2005. Microbac, PTI y Congeminpa se encontraban, a fines de ese año, con sus trámites en proceso.
A inicios del 2006, la información sobre Alquiser, Justice y Garner no pudo ser confirmada por la estatal, lo que las ponía al margen de la Resolución 363 del CAD. Las gestiones avanzaron y el 16 de agosto pasado, Petroecuador confirmó que las ISO 9001 y 14001 habían sido concedidas a Justice, Garner y Congeminpa.
Auditoría Interna concluye en la primera parte del examen especial -aprobado por la Contraloría- que "la normativa vigente en el Sistema de Petroecuador sobre LPP es general e insuficiente" y que el cumplimiento de la normativa vigente fue parcial".
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