|
Suplementos
Servicios
|
 |
|
|
|
|
Cuando se ofrece adulterar los antecedentes penales |
|
|
|
|
|
| Un policía le consiguió a Carlos, de 30 años, un récord con datos falsos para presentar en su trabajo. Actualmente, Carlos hace el trámite legal. | | |
| Octubre 01, 2006
Algunos usuarios y ex reos aseguran que han podido limpiar sus antecedentes penales con la ayuda de policías, quienes enganchan a los clientes y, a través de abogados conocidos por ellos, hacen el trámite en un mes y a un costo de 300 dólares. Cuando la paga es buena, también se adulteran los documentos en una semana, pese a caer en un delito sancionado con prisión de tres a cinco años.
"Estoy en un sitio muy comprometedor, pero venga a mi oficina (centro de la ciudad) para hablar del asunto y traiga su cédula y papeleta de votación", dijo el abogado del otro lado del teléfono celular a mediados de la semana pasada.
¿El trámite es positivo? preguntó un equipo periodístico de este Diario que de forma anónima investigaba la facilidad con la que se falsificaban récords policiales. Un agente de la Policía Judicial desde la ventanilla recomendó a un abogado que se encarga de estos trámites y dijo que era posible conseguir un récord con todas las nuevas seguridades, pero con el dato falso que señale que una persona "no registra antecedentes penales".
"Si no fuera positivo, no lo citara en mi oficina, ahí nos vemos", dijo el abogado antes de dar por terminada la llamada.
Durante la investigación, este Diario constató que abogados recomendados por empleados de las oficinas de Antecedentes Personales de la Policía Judicial en Guayaquil ofrecen dar récords adulterados cuando una persona que registre una detención, por ejemplo, por asalto y robo, lo requiere de urgencia, a un costo de entre 100 y 150 dólares.
Ahí, varios policías suelen recomendar para el trámite a un profesional conocido por ellos. "Este abogado trabaja con nosotros desde hace tiempo, a él los policías le mandamos todos los casos que nos llegan", le dijo al equipo periodístico un gendarme que atiende en una de las ventanillas de la oficina en Guayaquil. Incluso dieron el número celular del profesional.
El abogado explicó luego el proceso que normalmente sigue para cumplir con su trabajo: primero los policías enganchan al cliente y luego lo envían a su oficina para que él se encargue de hacer la rehabilitación o limpieza de récords con la ayuda de los mismos empleados de la oficina judicial en la ciudad o en Quito.
"Ahora es un poco más engorroso, hay un coronel que no quiere firmar rápido", explica el abogado, de unos 40 años y origen serrano, cuya lúgubre oficina se ubica en el primer piso de un edificio de abogados en pleno centro de Guayaquil.
Desde hace unos tres meses en que se descubrió una red de corrupción que ingresaba al sistema informático de la Policía de Migración (el mismo que almacena información para la Policía Judicial) y adulteraba pasaportes, el trabajo es más difícil para este abogado. Antes, cuenta, conseguía las firmas rápido, tan fácil resultaba que los mismos empleados hacían el trámite.
Carlos, un guayaquileño de 30 años, ha podido conservar su puesto de trabajo gracias al récord adulterado que le consiguió un policía amigo en el Departamento de Certificados de Antecedentes Personales de la Policía Judicial (PJ) en Quito, en febrero pasado. Sin eso, dice, habría perdido su empleo en una empresa privada, donde tiene buenas relaciones con sus compañeros de trabajo y hasta una novia.
Pero ninguno de ellos sabe que en realidad Carlos, un estudiante universitario, está fichado en la PJ por dos detenciones: asalto y tenencia ilegal de armas.
En 1997 cayó preso después que junto con cuatro amigos robó un auto. Él se quedó con el vehículo y después de dejar a cada uno de sus compinches en sus domicilios, a las dos de la mañana, la Policía detectó la placa del automotor y lo apresó. En 1999 lo arrestaron por tener una pistola 9 milímetros, de propiedad de un policía, después de asaltar un restaurante chino y sustraerse 30 millones de sucres. En ambos casos quedó libre sin que se le inicie una causa judicial.
"Esto solo te dura tres meses, mira tú lo que haces", cuenta Carlos que le dijo su amigo policía cuando le dio el récord adulterado. El trámite tardó quince días a un costo de 100 dólares.
Sin embargo, adulterar el documento sin cumplir el proceso legal constituye un delito que puede recibir entre tres y cinco años de prisión, señala la abogada Liliana Chóez. A su oficina, revela, han llegado personas que le han comentado que en las afueras de la PJ hay abogados que le dan el récord limpio por 100 dólares para que "salgan del apuro del momento".
"Ninguna persona civil tiene la información que maneja la Policía, quienes hacen esto tienen la complicidad de alguien ahí dentro", dice la abogada Chóez, quien además advierte los riesgos que corre el uniformado que gestiona fraudulentamente el trámite, pues "la primera sanción es la baja, luego la prisión".
Ante la denuncia, el jefe encargado de la Policía Judicial, Juan Carlos Rueda, dijo que el lunes se reunirá con los empleados del departamento de Antecedentes para revisar los procedimientos a la hora de dar los récords.
"Yo rechazo esto. Si hay algún miembro, algún tramitador, no representa a la institución, a esa persona hay que ponerle la sanción que corresponda", dijo.
Rueda pidió que las personas presenten la denuncia "con nombre y apellidos" en el despacho del Comando Provincial.
|
|
|
| Agenda |
 | |
| Guayaquil |
| Festival |
| El colegio Dr. Francisco Huerta Rendón realizará el II Festival Intercolegial de Música Nacional. En este acto se hará entrega de una placa de reconocimiento a la profesora Fresia Saavedra, por su trayectoria en el arte musical ecuatoriano. El acto será el 6 de octubre, a las 14h00, en las instalaciones del colegio, en la Av. Raúl Gómez Lince (Av. Las Aguas) y Juan Tanca Marengo. Más informes llamando al teléfono 288-5185. |
Más Actividades  | | |
|
|
|
Ediciones Anteriores
