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Limpieza de antecedentes es negocio en juzgados |
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| Diego Farías Vera estuvo cinco días preso por un escándalo en la vía pública y no puede limpiar su récord. | | |
| Octubre 01, 2006
Fotos: Jorge Peñafiel, Carlos Granja, Carlos Barros
Rehabilitar el récord policial requiere de un proceso largo y costoso. El panorama se vuelve más complicado para quienes no tienen empleo. El trámite comienza en los juzgados y tribunales que llevaron el caso y termina en Quito, pese a que la ley indica que se lo puede hacer en todas las provincias.
El trámite para rehabilitar el récord policial después de haber incurrido en alguna causa penal cuesta desde 400 hasta más de 1.000 dólares en el país. El "negocio" comienza en los juzgados, tribunales y en la Policía Judicial (PJ), donde a través de tramitadores se consiguen los certificados de antecedentes. Se los obtiene en menos de 24 horas, para terminar el proceso en la Dirección Nacional de la PJ en Quito.
Según constató un equipo de este Diario, en el trámite también intervienen policías y abogados que incluso sacan récords falsos, aunque el imputado tenga antecedentes y sentencias pendientes.
Era 1994. Diego Farías Vera tenía 19 años. Para ganarse algo de dinero fue a recoger café en San Antonio de la Pajita, Manabí. Tras la jornada laboral lo invitaron a una fiesta en el cantón Santa Ana. Todo transcurría con normalidad hasta que, cuenta, un policía agredió a uno de sus amigos y cuando él lo defendió fue detenido, por "escándalo en la vía pública".
Para él, la acción policial fue exagerada porque lo llevaron a la cárcel de Manta, donde estuvo cinco días, y lo ficharon como si hubiese cometido un delito grave. Pero su amarga historia no terminó ahí. Continúa hasta hoy, porque no puede conseguir trabajo en ninguna empresa. Pese a que, en el Código de Procedimiento Penal, su falta está tipificada como una contravención, su récord policial indica que registra antecedentes penales. Por eso con su esposa y sus dos hijos, uno de ellos no vidente e inválido, sobrevive con lo poco que gana haciendo lo que él llama "cachuelos" (labores por hora o día sin tener un contrato fijo).
Un abogado de Portoviejo, donde reside, le cobra 200 dólares para conseguirle la rehabilitación de su certificado de antecedentes personales, pero él no tiene dinero y no ha podido iniciar el trámite que comenzará en los juzgados y tribunales de Manabí (lugar donde ocurrió la detención) y deberá terminar en la Dirección Nacional de la Policía Judicial (PJ), en Quito, donde en el 2006 se han recibido 3.457 solicitudes, de las cuales hasta el mes pasado se resolvieron 2.757.
Ese tedioso trámite que, por ejemplo en Guayaquil, obliga a las personas a visitar 29 oficinas: 24 juzgados y 5 tribunales, es criticado por el penalista Jorge Zavala, para quien la corrupción comienza en esas instancias porque el usuario paga de 200 a 300 dólares a los tramitadores para obtener los certificados en 24 horas, de lo contrario se tardará hasta 20 días laborables.
Pero el trámite se vuelve más tormentoso "cuando la persona tiene que pagarle (de 400 a 1.000 dólares) a un abogado u obligatoriamente ir a Quito a cumplir con el requisito burocrático de presentar los documentos en la Dirección Nacional de la Policía Judicial", dice Zavala, quien critica el centralismo. Lo correcto -dice- sería que el trámite se hiciera en la PJ de cada provincia.
Así lo determina el numeral 9 del art. 103 del Reglamento de la Policía Judicial, que indica: "Corresponde al Centro de Cómputo del Archivo Central Nacional y/o Provincial procesar las cancelaciones de antecedentes personales cuando el elemento afectado (imputado) lo requiera previo el estudio e informe de las autoridades judiciales que conocieron los respectivos casos".
La subteniente Gladys Muñoz, asesora jurídica de la institución policial, sostiene que se procede de esa manera para evitar manipulación de unos datos personales que deben ser confidenciales. Ante eso, el penalista insiste que si la PJ no confía en el personal que tiene debería separarlo y contratar elementos idóneos.
En Guayas, en cambio, los abogados no aceptan cobrar menos de 400 dólares por "limpiar" el récord policial. Piden entre 80 y 150 dólares solo por conseguir los certificados de antecedentes en los juzgados y los cinco tribunales penales, donde el trámite no tiene costo. A esas oficinas llegan más de 50 solicitudes cada día. "Los resultados se entregan tras 48 horas, porque nosotros derivamos la responsabilidad a los secretarios y ellos deben conseguir la información (de diez años atrás, como pide la PJ, de los que cinco aún están en libros) en los archivos", sostiene la abogada Rocío Santos de Macías, jueza 5ª de lo Penal del Guayas.
Algunos abogados que aguardan clientes cerca a los juzgados penales de la Corte de Guayaquil, cuentan que se tardan un mes desde el momento en que comienzan a solicitar los certificados en la Corte. Pero otros profesionales, en cambio, indican que en la PJ retrasan algunos trámites, que en ocasiones tardan hasta más de seis meses.
Sin embargo, personeros de la Dirección Nacional de la PJ niegan cualquier trato diferencial en la atención de las limpiezas de antecedentes. Por el contrario, aseguran que cada trámite, una vez que cumple todos los requisitos, se resuelve en ocho días.
Todo ciudadano tiene derecho a rehabilitar su récord policial en el instante en que se haya dictado el sobreseimiento, provisional o definitivo, dicen los abogados sustentados en el principio de presunción de inocencia del art. 24, literal 8 de la Constitución de la República. También tienen derecho a limpiar su récord quienes cumplieron la pena de prisión o reclusión en un centro de rehabilitación o cuando la sentencia se haya declarado prescrita, porque ha transcurrido el tiempo, igual o mayor al determinado en el Código Penal.
Kléber López, jefe del Departamento de Antecedentes Personales del Guayas, sostiene: "Nosotros tenemos la información nacional, pero no la autorización para rehabilitar los récords, porque la base está en Quito". A esa ciudad es donde Diego Farías Vera no podrá llegar mientras no tenga un trabajo que le dé la posibilidad de ahorrar para luego borrar del reverso de su récord policial la contravención que dice: "...escándalo en la vía pública..." y también con ese sueldo fijo poder cubrir las necesidades de su familia y, sobre todo, que su hijo no vidente vuelva a realizar las terapias que le permitan aprender a dar sus primeros pasos a sus dos años de vida.
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