La Dirección Regional de Trabajo del Litoral conoció la denuncia del cobro de $ 200 por parte de la tercerizadora Corpeficaz, que contrataba personal para Oceanis.
El viceministro de Trabajo (e), Solón Villavicencio, dijo ayer que se realizaron inspecciones antes de que se hiciera público que se trataba de una estafa, pero que la tercerizadora tenía sus papeles en regla, que se advirtió que esos cobros eran ilegales y que los perjudicados tuvieron que haberlo denunciado a la Policía.
La denuncia se receptó el 28 de junio del 2006. Luego, se efectuaron dos inspecciones, una el 29 de junio y otra el 10 de julio. En la última de estas se habló con Eduardo Cortina Pineda, gerente general de la tercerizadora Corpeficaz.
Cortina explicó entonces que el pago correspondía a exámenes médicos que exigía la compañía usuaria, Oceanis, y que la tercerizadora "debe cumplir con los requisitos y exigencias que impone la compañía usuaria", consta en el reporte de la Inspectoría.
En esa inspección, se le pidieron a Cortina los contratos entre ambas empresas para confirmar tales requisitos, pero "sin que hasta la presente fecha (18 de julio) lo haya cumplido", detalla dicho informe.
Estos reportes se entregaron al entonces director regional de Trabajo del Litoral y Galápagos, Eddy Cáceres.
En el expediente consta una tarjeta de presentación de Cortina Pineda como gerente de Oceanis. El viceministro de Trabajo (e) y subsecretario de del Litoral, Solón Villavicencio, dijo que esa información se obtuvo fuera de un trámite procesal y que dicha tarjeta no se entregaba a los inspectores sino solo a los perjudicados.
El artículo 17 del Código de Trabajo prohíbe la vinculación entre las empresas usuarias y las de intermediación laboral.
El 15 de agosto cientos de personas acudieron a la empresa a firmar sus contratos pero ya no había nadie. A esa fecha había un nuevo director de Trabajo, Jacobo Quintero Touma.
Ese funcionario presentó su renuncia el miércoles pasado por la supuesta inacción del ministro de Trabajo, José Serrano, ante esta y otras denuncias. En el oficio 306-DRT-06 del 29 de septiembre pasado dice que "pedí su pronta intervención y entregué los documentos que mostraban la extrema negligencia del Director de esa época (Cáceres), quien es funcionario allá en Quito".
El viceministro sostuvo ayer que Cáceres "no podía actuar porque todos los documentos de la tercerizadora estaban en regla, no es policía ni juez de lo penal".
Explicó que el perjudicado debía presentar la denuncia directamente al organismo policial por una estafa, pero "nosotros no podíamos actuar ahí. Aquí venían antes de dar el dinero, y les decían los inspectores que eso era ilegal, pero a pesar de lo que se les había dicho ellos daban el dinero, qué se podía hacer ahí".
Aseguró que esa situación escapa de la responsabilidad de las autoridades de Trabajo porque no son un ente policial, "solamente estamos en la regulación de las relaciones laborales".
Este tema es parte de las 18 quejas y denuncias de irregularidades en el Ministerio de Trabajo, que van desde el mal uso de bienes públicos hasta el traslado de un inspector de una jurisdicción a otra -"el inspector llega y en lugar de resolver un recurso de ampliación planteado declara la nulidad de lo actuado"- planteadas por Quintero Touma en el oficio mencionado.
CARGO
En funciones
Jacobo Quintero Touma asumió como director de Trabajo del Litoral y Galápagos el 9 de agosto pasado y estuvo encargado de la Subsecretaría desde el 5 de septiembre, y en ese puesto, indica, fue cuando tuvo acceso a la información que ahora denuncia.
Renuncia
El 29 de septiembre envía una carta al ministro José Serrano en la que pide instrucciones y le da un plazo de 24 horas para que se comunique con él. Como no recibe respuesta, dice, presentó su renuncia el 4 de octubre pasado.
Remoción
El Ministro, a través de una acción de personal, dispuso ayer la remoción de Quintero Touma "por no cumplir los requisitos mínimos de experiencia profesional para ocupar el cargo". El viceministro (e) Solón Villavicencio explicó que esto se refiere a los cinco años de ejercicio profesional.
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