Ambientalistas argentinos revivieron su plan de lucha contra la construcción de dos fábricas papeleras en Uruguay, a orillas de un río de soberanía compartida, al llamar a un boicot al turismo en el país vecino y poner de nuevo en debate los cortes de ruta en un puente fronterizo.
"Gualeguaychú no está quieto. Gualeguaychú es un polvorín que en cualquier momento puede estallar", advirtieron el martes representantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de esa ciudad (este del país), en una conferencia de prensa en Buenos Aires en la que lanzaron la campaña "No veranee en Uruguay".
"Desde Gualeguaychú pedimos la solidaridad de todos los argentinos y los invitamos a que hagan turismo e inviertan en Argentina mientras Uruguay no saque las plantas", aseveró el asambleísta Alberto Flejas.
Los habitantes de Gualeguaychú, ciudad ubicada frente a la uruguaya Fray Bentos, donde la finlandesa Botnia levanta una gigantesca planta de pasta de celulosa, están en pie de guerra desde hace meses contra la fábrica por su impacto ambiental en una zona dedicada al turismo.
Los asambleístas advirtieron que volverán al corte de rutas hacia puentes con Uruguay "las veces que sean necesarias", aunque aclararon que la modalidad de la protesta se decidirá en una asamblea en la localidad entrerreriana de Gualeguaychú la noche del martes.
Autoridades del gobierno argentino, entre ellas la secretaria de Medio Ambiente Romina Picolotti, señalaron públicamente que no están de acuerdo con el bloqueo de carreteras porque no ayudan a la estrategia jurídica en la Corte Internacional de La Haya, adonde Buenos Aires presentó una denuncia.
"Volver a cortar las rutas sería un gran error", advirtió el martes Jorge Busti, gobernador de la provincia de Entre Ríos e insistió en que "la actitud más inteligente es seguir trabajando en el marco del derecho supranacional para no ser funcionales a los intereses económicos en pugna".
Los vecinos de Gualeguaychú cortaron de manera intermitente la ruta hacia el puente internacional General San Martín entre el 6 de enero y el 2 de mayo.
Montevideo estimó que las protestas le habían ocasionado pérdidas por unos 400 millones de dólares, en especial por el efecto causado en el turismo, uno de los principales ingresos del país.
La alerta de los ambientalistas tiene lugar en momentos en que trascendió el contenido un borrador de un estudio de impacto ambiental realizado por una consultora privada que asegura que las fábricas no contaminarán el medio ambiente.
Se trata del informe de una empresa contratada por la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial (BM), cuya versión definitiva se divulgará este jueves.
El BM esperaba el resultado de esa investigación para liberar un crédito millonario solicitado por Botnia y por la española Ence, que por el momento decidió trasladar su proyecto a otro lugar de Uruguay, aún no precisado.
Pese a que el informe sería desfavorable para Argentina, dirigentes ambientalistas estiman que seguirán adelante con las acciones para bloquear el financiamiento.
"Aunque puede ser interpretado como un revés, sabíamos que el informe venía de esta manera, que no iba a ser positivo. Pero (la evaluación) no cambia en lo mas mínimo la estrategia financiera que hemos llevado adelante hasta ahora", afirmó Daniel Taillant, titular de la Fundación Centro de Derechos Humanos y Ambientales (CEDHA).
La entidad fue fundada por Picolotti, una abogada de la provincia de Córdoba (centro) que cobró notoriedad en el marco de la resistencia a las pasteras y, en ese marco, el presidente argentino Néstor Kirchner la puso al frente de Medio Ambiente.
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