Si para algo sirve la historia es para anticiparnos al futuro. Los eventos ocurridos en el Ecuador desde 1995 no ofrecen muchas garantías de que el próximo Presidente de la República ejercerá su alta investidura por los siguientes cuatro años. Bajo los más diversos disfraces e invocando los argumentos más descabellados, nuestra dirigencia se las ha ingeniado para desestabilizar las instituciones públicas durante una década y media. Y a la sombra de semejante tormenta una verdadera mafia encontró campo fértil para amasar grandes fortunas, concentrar un enorme poder y pisotear la dignidad de toda una nación.

¿Qué puede garantizarnos que la misma suerte no le espera a la próxima administración? ¿Habrá acaso cambiado la cultura política ecuatoriana de repente? ¿Habrán nuestros dirigentes hecho suyos los valores de democracia, justicia y transparencia, asegurándole así al país días de estabilidad? ¿Habrán los políticos entendido finalmente la diferencia entre oposición y chantaje? ¿Habrán descubierto la Constitución? ¿Se habrá terminado la manipulación de la justicia para perseguir a periodistas, empresarios, políticos o ciudadanos que opinen diferente?

Si lo anterior no ha sucedido, ¿qué le puede, entonces, asegurar al próximo gobierno su estabilidad? ¿Tendrá el suficiente espacio y el necesario tiempo para consolidar la pisoteada institucionalidad, rescatar la ética en la política y crear condiciones de desarrollo económico? Es probable que como les ha sucedido en los últimos años a todos los candidatos que están cerca de ganar la Presidencia de la República, los de ahora tampoco le presten atención a esto. Llegar al poder lo es todo. Gobernar se verá luego. Unos vieron en las alianzas parlamentarias la llave de su estabilidad, otros creyeron verla en el ejercicio autoritario del poder o el reparto de prebendas o su personal carisma, o el número de sus diputados. A la postre se equivocaron. Una vez que la euforia del triunfo termine –días en que algunos hasta llegaron a pensar que gobernarían “por veinte años…”–,  se encenderá el motor de esa diabólica máquina que es nuestro sistema político. Y así, la cuenta regresiva habrá comenzado y el tiempo –compañero infatigable de la democracia– comenzará a escabullírsele de las manos al nuevo gobernante.

Cuando algunos presidentes han intentado reaccionar, casi siempre ha sido muy tarde. No alcanzaron a distinguir oportunamente entre el Gobierno y el Estado. En el Ecuador, al primero lo elige el pueblo, ciertamente, pero al segundo se lo devora la política. De allí la necesidad de que el pueblo sea nuevamente convocado ya no para elegir a un nuevo gobierno por cuatro años, sino para aprobar una nueva estructura institucional que lo trascienda.

Entre disolver el Congreso para sustituirlo con una Asamblea –que tanto asusta a algunos–, por un lado, o dejar intacto al sistema, o, lo que es igual, hacerle reformitas tibias de maquillaje, por el otro, puede y debe intentarse una alternativa. No solo en aras de la estabilidad del nuevo gobierno, que por cierto debe durar hasta el 2011, sino por el futuro de nuestra democracia.