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JUEVES | 2 de noviembre del 2006 | Guayaquil, Ecuador

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“Un Estado puede ser agitado y conmovido por lo que la prensa diga, pero ese mismo Estado puede morir por lo que la prensa calle. Para el primer mal hay un remedio en las Leyes; para el segundo, ninguno. Escoged, pues, entre la Libertad y la Muerte".
Luis A. de Bonald



	Editorial

Investigación necesaria

No es un hecho cualquiera que el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, a través de sus voceros en la Embajada local, hayan anunciado que le retiran la visa a un grupo de ciudadanos ecuatorianos.

Según fuentes confiables, la lista se extenderá los próximos días, pero aun si no ocurriese aquello, las instituciones del Estado deben realizar su propia investigación. La Fiscalía General al parecer ya lo ha hecho; similar iniciativa deberá adoptar la Comisión de Control Cívico de la Corrupción.

La Constitución ecuatoriana garantiza el respeto al buen nombre de las personas, así que siempre será necesario ofrecer un espacio público a cualquier acusado para su defensa y reivindicación. Así mismo, la Constitución obliga a que se investiguen y castiguen los delitos, incluyendo los que se originan con la corrupción o la interferencia política en la función Judicial. Por ambas razones –el derecho de los acusados y las exigencias de la ley– el país no podría permanecer indiferente por mucho tiempo y debe reaccionar ante lo ocurrido.

Representantes de la Casa Blanca explicaron que actuaron así por una ley de ese país que prevé esta clase de acciones; pero esa investigación no tiene efecto en Ecuador, por lo que las investigaciones que se realicen deberán continuar en forma exhaustiva hasta arrojar luz sobre el asunto.