¿Se necesita construir masivamente viviendas? Probablemente sí, si es que es un producto que la gente desea adquirir. ¿Hay muchas necesidades? No podemos decirlo: la gente compra lo que considera necesario en función de sus ingresos, el precio, las facilidades de financiamiento, etcétera. Puede ser poco o mucho. ¿Y la cifra de un millón trescientas mil viviendas de déficit? Hace algunos años se hizo una estimación bastante caída del cielo de un millón, y desde allí se ha venido ajustando al paso del tiempo. Puede ser más o menos.

¿Por qué entonces no se desarrolla un mercado más dinámico de viviendas que permita adquirirlas, a todos los que desean hacerlo? Primero debemos identificar si hay trabas regulatorias al desarrollo del mercado: no parecen haber prohibiciones explícitas de construir, ni de importar productos, ni de constituir empresas constructoras, quizás sí hay un limitante en el uso del espacio urbano y quizás en las exigencias en las urbanizaciones (tipo de vías internas, de servicios, etcétera). Pero eso no parece limitar la construcción. El limitante para las personas es que es un bien caro (en relación a sus ingresos) y que no existe financiamiento suficiente para ajustar los flujos.

La pregunta es entonces: ¿es la vivienda un bien tan importante como para que el Estado intervenga en apoyarlo? La respuesta es aparentemente sí, ya que el país acepta este tipo de planes y está dispuesto a aportar sus impuestos. Aparentemente, porque con las intervenciones estatales todo es apariencia: no sabemos realmente si a los ciudadanos les parece correcto (los que reciben siempre están de acuerdo, los que aportan nunca se manifiestan). Los dos argumentos generalmente planteados son, por un lado que la vivienda estimula la producción y el empleo, por otro lado que una mejor vivienda apuntala las condiciones de vida de la gente de menores ingresos: mejor salud, mejor posibilidad de estudiar, lazos familiares más sanos.

Si aceptamos el segundo elemento (el primero es discutible, ya que muchas otras actividades pueden generar más empleos y valor agregado) debemos preguntarnos: ¿cómo debe el Estado ayudar a la gente? Sin duda lo peor que se puede hacer es introducir en el mercado a un agente extraño: el Estado constructor o financista directo. Hay que aprovechar lo existente, las personas deben recibir los recursos y buscar las mejores alternativas en el mercado: algunos preferirán construir con sus propios medios, otros comprar en urbanizaciones (puede usted estar seguro que si la gente tiene el dinero, surgirá la respectiva oferta). Y el crédito lo deben entregar entidades financieras privadas, ya sea asumiendo el riesgo (aunque quizás no quieran hacerlo), o por lo menos cobrando una comisión por el trabajo operativo. Lo ideal sería mantener el esquema ahorro+bono+crédito, donde el Estado pone un subsidio (bono) junto a un aporte de la persona (ahorro) y el crédito de un tercero. Para los más pobres el esquema puede ser 0-100-0 (solo bono) y de ahí para arriba algo diferente. Lo importante es crear un mercado dinámico donde el Estado cumpla únicamente su rol de apoyo y dinamizador.