Héctor Vanegas, fiscal de la provincia del Guayas, advirtió este martes que deberá cerrar el banco ecuatoriano que no pague la garantía de 2,9 millones de dólares que consta en el contrato con la empresa brasileña E-Vote, a la que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) le rescindió el acuerdo por incumplimiento.
"Esa garantía se tiene que pagar de forma obligatoria en este país, porque si no se paga, se cierra el banco", puntualizó Vanegas.
El TSE inició el pasado lunes los trámites legales para cobrar, por incumplimiento de contrato, la garantía de 2,9 millones de dólares a E-Vote, contratada para el fracasado recuento rápido de votos de las elecciones del pasado 15 de octubre.
El Tribunal pretende cobrar esa garantía a Produbanco por considerar que son "incondicionales, irrevocables, de cobro inmediato, y nadie puede objetarlas".
El abogado de E-Vote en Ecuador, Mauricio Aguirre, aseguró ayer que la empresa sí cumplió con el contrato y responsabilizó al TSE del fracaso, pues dijo que, a las 23h00 del pasado 15 de octubre, personal del Tribunal les cortó las líneas telefónicas y les impidió seguir con su trabajo.
Además dijo que el banco brasileño Itaú no remitirá el dinero de la garantía al Produbanco de Ecuador, debido a un fallo de un juez de ese país en el que se precisa que no se puede hacer efectiva la garantía sin una decisión previa del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito.
Al respecto, Vanegas dijo hoy en el noticiero de Gamavisión que "eso es un problema con brasileños, acá es Ecuador y mientras Ecuador tenga soberanía y pertenencia, podrá exigir el pago de las garantías". Añadió que "no se está haciendo nada novedoso. Están cumpliendo con la Ley: si no pagan, se cierra el banco, así es la Ley", reiteró.
El contrato entre E-Vote y el TSE ha sido criticado por organizaciones sociales e instituciones del Estado, pues no contó con informes favorables de la Contraloría y la Procuraduría del Estado, ya que, según el presidente de la institución electoral, Xavier Cazar, no eran necesarios.
Sin embargo, el Contralor General de la Nación, Genaro Peña, sostiene que el TSE sí necesitaba del informe favorable, "porque está contenida en la Ley Orgánica, y toda inversión pública tiene que contar con dicha autorización de los organismos de control".
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