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Hernán Pérez Loose | perez@eluniverso.com
Nueva odisea constitucional
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Un tribunal electoral que le pide al Congreso su opinión con respecto a una consulta popular; un Ejecutivo que, sin tener competencia para hacerlo, anexa a su consulta una ley electoral, bajo la etiqueta de "estatuto", con visibles inconstitucionalidades; un Congreso que no espera la terna y designa directamente a un ministro fiscal -y que no es sino consecuencia de esa otra barbaridad que hizo años atrás de devolver una terna debidamente presentada-; un Jefe de Estado que invoca a su favor el silencio administrativo -"positivo" debemos entender-, como si fuese un administrador haciendo trámites; un Presidente que va a conformar un tribunal electoral ad hoc en el caso de que el legítimo no haga lo solicitado. A este paso mañana podríamos tener otra Corte Suprema "ad hoc", dos fiscales, tres congresos, dos repúblicas, y varias constituciones.

El Presidente tiene varias alternativas sin necesidad de romper la Constitución. Una es demandar ante el Tribunal Constitucional la solución del conflicto que se ha entablado. Otra es enviar al Congreso su proyecto de reformas, y convocar a una consulta para que el país apruebe todo su proyecto -si el Congreso se lo rechaza íntegramente o si prefiere ignorarlo- o aquellas partes que el Congreso le niega. Es la solución que  acaban de consensuar en Bolivia Gobierno y oposición. A plebiscito irán los artículos en que no logren los dos tercios.

Todos los ecuatorianos -no únicamente unos asambleístas- tendremos así la oportunidad de debatir sobre el contenido de las reformas, no sobre el procedimiento para lograrlas. Para ello ayudaría mucho que el Gobierno haga público cuál es su proyecto de nueva Constitución. Esto beneficiaría enormemente no solamente al propio gobierno sino al país entero. El Ejecutivo ha dicho que no gusta de parches. Bueno, que haga público entonces el borrador de aquella Constitución totalmente nueva que espera que nazca de la Asamblea. Sería impensable que un movimiento político que ha enarbolado la bandera del cambio, y que tanto nos habló de su compromiso con una reforma política integral, llegado al poder no tenga preparado un proyecto de reformas, o de una nueva Carta Magna, con artículos, capítulos, puntos y comas.

Y hasta mientras, que se gobierne. Todas, pero todas, las ofertas de campañas pueden llevarse a cabo bajo la actual Constitución. Para construir cien mil viviendas anuales; negar la inversión extranjera en servicios públicos; bajar el desempleo; reducir el interés; transformar la educación; democratizar la salud; aumentar los subsidios; detener la explotación petrolera; llevarnos a una moratoria internacional; dar crédito barato a la microempresa; evitar la evasión fiscal; transparentar la administración pública; descentralizar; construir caminos vecinales; defender la soberanía, para nada de esto una nueva Constitución es necesario. (Lo que no implica que la reforma política no sea importante...).

Esa es la ventaja de tener una Constitución que no impone un modelo económico determinado sino que en esta materia establece simplemente principios generales y deja que las preferencias electorales escojan democráticamente el rumbo de la política económica.
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