El vicepresidente de Ecuador, Lenin Moreno, aseguró hoy que "se agotó" el diálogo con los congresistas y miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre la convocatoria a una consulta para instituir una Asamblea Constituyente.
Mientras tanto, miles de personas convocadas por grupos políticos y sociales que apoyan al Gobierno del presidente Rafael Correa se concentraron ante la sede del Congreso, en Quito, para exigir la convocatoria a una consulta popular sobre una Asamblea Constituyente de plenos poderes, que redacte una nueva Carta Magna.
"El diálogo se agotó. Los señores diputados y los señores del Tribunal Supremo Electoral lo único que tienen que hacer es pegar el oído al piso y oír lo que quiere el pueblo. El pueblo quiere una nueva normativa, la que tiene no les convence. Por favor cambiemos esa normativa", señalo Moreno a la televisión Telecentro.
El vicepresidente indicó a los diputados que "al Congreso el derecho constituyente únicamente el pueblo se lo delega, no lo regala, no lo obsequia en forma permanente. Cuando el pueblo lo desee puede rescatarlo para sí, reclamarlo para sí, y puede ejercerlo".
La mayoría del Legislativo y el Gobierno están enfrentados por la convocatoria de una consulta popular para la aprobación de una Asamblea Constituyente.
Buena parte del Congreso defiende que la reforma constitucional debe hacerla el legislativo actual, mientras el presidente Correa defiende la Asamblea Constituyente, su principal propuesta en la campaña electoral que le llevó al poder y que, según las encuestas, apoya el 77 por ciento de los ecuatorianos.
Correa envío el 15 de enero, el mismo día de su toma de posesión como presidente, el decreto de convocatoria de la consulta popular sobre la Asamblea Constituyente al Tribunal Supremo Electoral para que la organizara sin entrar a resolver si era procedente, y una copia al Congreso para su conocimiento, según dijo.
Sin embargo, ese Tribunal estudió el decreto y lo remitió al Congreso, que hoy tenía previsto estudiarlo y eventualmente decidir sobre si procede o no, lo que no es aceptado por el Gobierno, que defiende su derecho a convocar la consulta sin el visto bueno de otras instituciones.
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