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| Pedro X.Valverde Rivera | |
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El Fiscal |
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El Ministro Fiscal o Fiscal General de la Nación es la máxima autoridad del Ministerio Público que tiene bajo su responsabilidad la defensa de los intereses ciudadanos y su representación en las causas penales, que tienen como finalidad procurar el restablecimiento del orden social alterado por el delito, mediante la aplicación de las sanciones previstas en la ley contra los responsables de tal ruptura.
Para ser más gráfico, el Fiscal General, directamente o a través de los fiscales distritales, es el principal impulsador de las causas vinculadas con el narcotráfico, tráfico de armas, delitos contra la seguridad del Estado, terrorismo, asesinatos, violaciones, manejo ilegal de fondos públicos, etcétera.
Es decir, todos aquellos delitos que se cometen en el Ecuador, con excepción de los que tienen trascendencia exclusivamente privada, deben ser impulsados por la Fiscalía General, rol que tiene un protagonismo mayor luego de las últimas reformas al Código de Procedimiento Penal vigentes desde hace algunos años.
Entonces, la designación del Ministro Fiscal es una de las responsabilidades más delicadas y trascendentales que tiene el Congreso Nacional.
Lamentablemente en las últimas décadas y con honrosísimas excepciones, como la de Edmundo Durán Díaz, jurista probo que enalteció el cargo de Fiscal General, quienes lo han desempeñado le han quitado brillo y respeto a tan alta dignidad, por sus ejecutorias contaminadas a todas luces del muñequeo de los líderes políticos de turno, para perseguir enemigos políticos o rivales comerciales, para ocultar corrupción y para chantajear a todo aquel que no se sometía a la disciplina del carajazo.
La reciente designación como Fiscal General de un profesional severamente cuestionado para el desempeño de tan altas funciones, primero por ya haber sido fiscal y segundo, por presuntos actos de corrupción que, justo es decir, no han sido probados por sus acusadores, es la última muestra de lo antes afirmado.
Sin embargo, debido a la renuncia del mencionado ciudadano, por presión del mismo Congreso que lo eligió y como consecuencia de las movilizaciones para ocupar las oficinas de la fiscalía de Quito y Guayaquil, así como por el rechazo generalizado de la opinión pública nacional, nos encontramos nuevamente ad portas de que se elija al Ministro Fiscal de la nación.
Es el momento, entonces, de llamar a la reflexión de los actores políticos involucrados en tal designación, a efectos de que se elija a la persona correcta.
Lo primero que hay que dejar muy claro es que el término que tenía el Consejo de la Judicatura, expiró hacer rato, por lo que de acuerdo con el segundo inciso del numeral 11 del artículo 130 de la Constitución Política del Estado, la atribución de designar al Fiscal ya no está supeditada ni restringida a la famosa terna que, de forma extemporánea envió el Consejo de la Judicatura al Congreso.
El Congreso Nacional debe elegir al Fiscal General, pero no está obligado a escoger de la terna enviada por el Consejo de la Judicatura, peor aún, si los tres ciudadanos que la conforman, han sido cuestionados por los medios de prensa por sus antecedentes y en el caso de dos de ellos, por sus calificaciones.
Entonces, ya no hay pretexto para una mala elección.
El Ecuador necesita que la administración de justicia funcione, para poder aspirar a vivir en una verdadera democracia, y en tal empresa, la designación de un fiscal general probo, independiente y con vasto conocimiento jurídico es imperativo.
Para el progreso de la nación se requiere un cambio de actitud de quienes encabezan las principales instituciones del Estado y del sector privado.
Ojalá este deteriorado, pero legítimo y soberano Congreso Nacional, empiece a dar muestras de ese cambio con la designación de un buen ministro fiscal. |
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| Editorial The Boston Globe |
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