Es triste la realidad que sucede a diario en nuestros tribunales de justicia, más comúnmente en el distrito de Guayas.

Llegado el día y la hora para que se instale una audiencia, luego de la cual el tribunal impondrá la sentencia -sea absolutoria o condenatoria-, muchas veces estas no se realizan porque no asiste el fiscal de turno, o uno de los abogados de las partes pretendiendo dilatar la causa no concurre, o no asisten los testigos, porque los peritos tampoco fueron, o porque los reclusos se declaran en huelga no permitiendo la salida de ninguno de sus compañeros de celda; y hasta tanto, los señalamientos van y vienen, y todo aquel que en realidad es inocente debe seguir purgando una condena anticipada (sin sentencia) ante el indolente comportamiento de un Estado inepto para manejar el sistema carcelario del país.

El Congreso Nacional tiene el compromiso moral -tan venido a menos- de coadyuvar en un tema tan delicado relacionado con los derechos humanos y las garantías constitucionales consagradas en los artículos 16, 22 y 24, numerales 6, 7 y 8 de la Constitución, por lo que les demandamos que presenten proyectos de ley cuyo objetivo sea reformar el Código de Procedimiento Penal, en lo referente a la instalación y celebración de la audiencia; dado que las actuales disposiciones legales permiten esos injustificados retrasos en la obtención de sentencias. Para evitar todas las posibilidades de no comparecencia a la audiencia, esta debería celebrarse en el tercero y último señalamiento, sobre todo con la participación obligatoria de las partes presentes, sin perjuicio de que los que no asistan se les decrete su detención inmediata.

Ilbert Sandoya Montero,
abogado, Guayaquil

Cada dos meses se presenta la escasez de gas debido a la inoperancia que existe en el control de distribución de las envasadoras a sus distribuidores y la Dirección Regional de Hidrocarburos hacia los transportistas, que hoy acaparan el producto y muchos son dueños de bodegas.

Para solucionar el constante desabastecimiento deberían reunirse en un debate los representantes de este gremio, que son las compañías de gas, la Dirección de Hidrocarburos, los transportistas, los distribuidores, y también la prensa para que informe.

A las autoridades locales y nacionales, entre estas a la Intendencia, le compete hacer el control del valor del cilindro de gas, y llegar hasta las fuentes de distribución como son ciertos transportistas distribuidores del producto.

Ramón Vera Salvatierra,
Guayaquil

Es reprochable que la mayor parte de los vigilantes de la CTG (Comisión de Tránsito del Guayas), especialmente los que circulan por las calles en patrulleros y motos, reiteradamente extorsionan a los conductores de vehículos que "supuestamente infringen" los artículos 87, 88 y 89 de la Ley de Tránsito. Esto se da principalmente los viernes y sábados en altas horas de la noche y la madrugada.

Esos vigilantes que se dedican a la ingrata tarea de inventar seudocontravenciones de primera, segunda o tercera clase, obtendrían jugosas cantidades de dinero de los conductores. Lo grave es que cuando usted se resiste a darles plata porque no ha cometido ninguna contravención, los vigilantes se atreven a decirle, "si no me lo llevo detenido".

Para evitar eso, los conductores se ven obligados a pasarles entre diez, veinte..., dólares; o sea que los vigilantes hacen de juez y parte.

Un vigilante solo puede detener a un conductor cuando el mismo conduce un vehículo en estado de embriaguez, sin licencia, por haber atropellado a alguien, o cuando tiene una boleta de detención de algún juez.

Estos atracos señalados ocurren especialmente a lo largo de Pascuales, por la carretera que va por la vía Perimetral en dirección hacia Puerto Marítimo. Ojalá que el nuevo Director Ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Guayas ordene realizar una exhaustiva investigación de los vigilantes que son extorsionadores y que los sancionen. Por este motivo hay conductores que se han visto obligados a tener filmadoras ocultas, para grabarles sus fechorías y presentarlas con sus denuncias a la Policía Nacional.

Sonia Vélez Alcívar,
Guayaquil

En relación con la carta "Es guacharaca, no pacharaca", del ilustre cronista vitalicio de Guayaquil Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, en la que sugiere que se amplíe la información sobre esta ave del campo costeño anoto que, efectivamente, el verdadero nombre común de esta especie en peligro de extinción es "guacharaca", y así es conocida en Manabí, Esmeraldas y en Colombia, Venezuela y algunos países de Centroamérica.

En el cantón Naranjal de la provincia del Guayas, y en otros, se la conoce vulgarmente como "pacharaca". Es un ave nativa de los bosques tropicales de América del Sur y pertenece a la familia cracidae, a la que también pertenecen las "pavas de monte" y los "paujiles"; su nombre científico es Ortalis superciliaris. Antiguamente era muy común verla en las huertas de cacao y parecía que el canto de la hembra decía: "a trabajar a trabajar", y el macho le respondía desde su nido: "para qué, para qué, si no sé trabajar"; juntos cantaban en coro y vivían en las copas de los árboles, pero las domesticadas vivían muy tranquilas en los patios de las casas de haciendas, donde cumplían el papel de guardianes por el escándalo que armaban cuando en la noche detectaban al ladrón o al joven enamorado.

Es digna de aplauso y admiración la encomiable labor que en Naranjal realiza con el propósito de reproducir esta especie la Fundación de Rescate Jambelí, dirigida por el Econ. Joaquín Orrantia V., y los hermanos Rodríguez Cucalón en su hacienda Cerro de Hayas. La palabra "guacharaca" sirve, además, para definir al instrumento musical más original y folclórico del vallenato colombiano, que consiste en un tubo de caña de 30 centímetros de largo, con una sección dentada o ranurada a la que se raspa con un trinche de madera.

Sergio Cedeño Amador,
Guayaquil