Acerca del peaje que se debe pagar en la vía a la península de Santa Elena, el cobro de $ 2 es razonable, pero debe hacerse un solo cobro en Chongón en reemplazo de los $ 0,25 que se paga actualmente; porque pretender cobrar $ 1 en Chongón y $ 1 en Zapotal va a causar trastornos; peor en invierno donde se formarán tremendas colas que no sé si los usuarios estemos dispuestos a soportarlas.

El Consejo Provincial tendría un importantísimo ahorro por el mantenimiento de la caseta Zapotal. Espero se analice esta propuesta, que la estimo razonable.

Jorge Coronel Garcés,
médico, Guayaquil

Hace 40 años le decía a mi enamorada, quiteña, que en la Costa éramos más lógicos; el peaje lo pagábamos parando una sola vez, en cambio en Quito, tenían que parar dos veces.

Han pasado 40 años y los lógicos que éramos, hemos evolucionado al revés. Puede haber ignorancia en las instituciones, pero la lógica siempre debe prevalecer (a menos que eso sea la corrupción).

El Prefecto hace quedar mal a todos nosotros. Debe rectificarse rápidamente o renunciar todos.

Winston Rumbea N.,
ingeniero, Guayaquil

La resolución de dar paso a la consulta popular por parte del Congreso no constituye ningún logro, ni nada para vanagloriarnos.

La institución legislativa carece de legitimidad porque representa solo a una minoría, ya que la ciudadanía se pronunció en rechazo a ese Congreso el 15 de octubre pasado. Por tanto, las decisiones de ese organismo espurio no tienen valor alguno. Lo que debería importarnos es que ya estamos enrolados en el proceso constituyente y debemos defenderlo frente a la inmoral amenaza de mafias políticas que pretenden, mediante demagogia, tomarse la Asamblea Nacional Constituyente para reivindicar nombres de obsoletos caciques de partidos políticos. La Asamblea debe pertenecer a la voluntad popular que exige cambios profundos en el país.

Por supuesto diputados que se respetará la voluntad del 15 de octubre, la del voto nulo que deslegitimó a esa institución compuesta de obedientes servidores de la partidocracia. El único soberano admisible es el pueblo. La ciudadanía debe estar consciente de que Ecuador atraviesa un momento de coyuntura histórica, y en virtud de eso debemos cimentar el futuro de la patria con responsabilidad, eligiendo representantes idóneos que no obedezcan a un sistema feudal propuesto por la degenerada clase política.

Esteban Miguel Molina,
Guayaquil

¿Quién nos garantiza que convocada la Asamblea Constituyente los electos no sean los de siempre? Al margen de que se han integrado los complotados  del 20 de enero que hoy forman parte del grupo de los cien, que son los que inclinan la balanza al gusto de las condiciones que más les favorecen. Con este escenario, ¿quién nos garantiza que a la Asamblea Constituyente no vayan cuarenta o sesenta de aquellos que son los que le han conducido al país a las condiciones en las que hoy se encuentra?, ¿o es que acaso la crisis no se agravó a partir de aquella noche oscura de enero?, situación en la que probablemente el remedio sería peor que la enfermedad; pues prominentes hombres y mujeres que sí tiene la patria no se prestarían (como no se han prestado a ser candidatos para integrar el Congreso Nacional) para ser miembros de una Asamblea Constituyente condicionada por un estatuto. Así, la Asamblea se integraría nuevamente con los mismos de siempre, además de los herederos de aquella noche oscura.

Sería conveniente que el Presidente revea el procedimiento de darle al país una nueva Constitución. Para ello, estimo necesario que el mandatario retire lo requerido al Tribunal Supremo Electoral con Decreto Nº 002 del 15 de enero de este año; y que integre dos comisiones con hombres y mujeres de probidad notoria para que redacten dos proyectos de Constitución, con tendencia que las diferencie. Se evitaría que la Constituyente desconozca al Congreso, nombre un presidente interino, además de que integre adecuadamente el Poder Judicial. Luego de 180 días de integradas las comisiones, con la entrega de los proyectos, el presidente convocaría a un referéndum para que el pueblo apruebe uno de los dos documentos, y también si se mantiene o no la actual Corte Suprema de Justicia.

Oswaldo León Romero,
economista, Quito

En estos últimos tiempos se han derramado galones de tinta, desde la campaña electoral, en llamar a una Asamblea Nacional que dictará la nueva Constitución, antes de una consulta popular; siendo innecesaria esta por cuanto su autor, el presidente Rafael Correa, cuando ganó las elecciones tácitamente quedó autorizado para convocar a elecciones.

Vemos este Gobierno de inicios con altibajos propios de un gobernante joven que ojalá continúe trabajando por el bien del país, sin ir a la tal consulta popular que nos costaría $ 18 millones.

Bolívar Reyes Altamirano,
jubilado, Guayaquil

En la página 2 de la edición del 9 de febrero, leí el titular 'Pugna entre TC y CSJ por designación del Fiscal'. Al respecto debo de indicarle que entre la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Constitucional no existe pugna alguna por la designación del Fiscal General del Estado. En este Tribunal existe en trámite un recurso de amparo sobre el caso, que se encuentra en conocimiento de la Segunda Sala, pendiente de resolución.

¿A qué reportero de EL UNIVERSO he manifestado que enjuiciaría a los magistrados de la Corte si no acatan la decisión de este Tribunal?, pues no recuerdo que luego de la decisión que el día martes tomara el Tribunal Constitucional sobre la designación de los doctores Édgar Zárate y Hugo Castillo como vocales del Consejo de la Judicatura, haya sido entrevistado al respecto por este Diario, y de la revisión -en el departamento de prensa de este organismo- de las grabaciones que se efectúan de mis declaraciones, no aparece ninguna en que hubiere amenazado con enjuiciar a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes merecen mi consideración y respeto. Lo que sí he declarado es que las resoluciones del Tribunal Constitucional tienen que ser acatadas, no porque lo diga yo, sino porque así lo dispone la Constitución de la República y la Ley de Control Constitucional.

Santiago Velázquez Coello,
doctor, presidente del Tribunal Constitucional del Ecuador,
Quito

Nota de la Redacción:   Acogemos su observación.

El 11 de febrero en Ciudad, página 4, con el título 'Habrá regulación para zona del embalse Chongón' se publica una nota que hace mención que Lourdes Luque de Jaramillo coordina este proyecto en representación de Cedegé.

Aclaro que la señora de Jaramillo participó de este proceso en representación del Consejo Empresarial para el Desarrollo Sustentable del Ecuador (Cemdes).

Jimmy Andrade Ubilla,
director ejecutivo (e) de Cemdes, Guayaquil

Nota de la Redacción: Acogemos su observación.