Una mujer española que sufre de distrofia muscular obtuvo el jueves oficialmente el derecho a morir que reclamaba desde hace años, tras una decisión del gobierno regional andaluz que autorizó que se le desconectara la respiración asistida.
Esta respiración asistida mantiene en vida a Inmaculada Echevarría, de 51 años, postrada en cama en un hospital de Granada desde hace nueve años.
Las autoridades regionales tomaron esa decisión después de que el Consejo Consultivo de Andalucía determinara que la petición de Inmaculada Echevarría se inscribía en la ley sobre los derechos de los pacientes de 2002, que autoriza a una persona enferma con plenas facultades mentales a rechazar un tratamiento.
Los responsables andaluces se valieron del dictamen positivo del Consejo consultativo y del Comité regional de Ética que consideran que la solicitud de la enferma se funda en el "rechazo de tratamiento", un derecho reconocido por la ley española que, en cambio, rechaza la eutanasia.
La enferma, que sufre una distrofia muscular desde la infancia y que se encuentra totalmente paralizada, había vuelto a animar en noviembre el debate sobre la prohibición de la eutanasia en España, abogando frente a los medios por una "muerte digna y sin dolor".
"Estoy harta de vivir así y de depender de todo el mundo, quiero una inyección que me paralice el corazón", dijo entonces.
"No es justo vivir así, mi vida es soledad, vacío y opresión; no acepto que medios (artificales) me mantengan en vida", añadió.
La asociación española "Derecho a morir dignamente", que apoya a Inmaculada, se congratuló de la decisión del gobierno andaluz, calificándola de "valiente" y esperando que pueda "servir de precedente para otros casos similares".
"Ya hemos encontrado enfermos desconectados en España, pero es la primera vez que uno de ellos reclama la aplicación de este derecho en voz alta", declaró a la AFP una representante de esa asociación, Aurora Bau.
Bau denunció la actitud de la Iglesia católica que intenta, según ella, de asimilar el rechazo de cuidados previsto por la ley con la eutanasia.
El cardenal arzobispo de Sevilla (sur), Carlos Amigo, reaccionó a la decisión de las autoridades andaluzas declarándose "opuesto a todo tipo de pena de muerte, sea legal o autoadministrada".
Los socialistas en el poder habían previsto en su programa electoral de 2004 crear una comisión parlamentaria sobre la eutanasia, que todavía no fue formada.
Ya enfrentado a la Iglesia católica sobre numerosas reformas en la sociedad (matrimonios homosexuales, educación religiosa, divorcio), el gobierno de José Luis Rodriguez Zapatero dijo en los últimos meses que no tenía previsto legislar sobre la cuestión.
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