Colombia debería suspender de forma definitiva las fumigaciones aéreas de los cultivos ilícitos en la región fronteriza con Ecuador, según un informe presentado hoy al Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU por su relator sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen.
En el documento, que contiene las conclusiones y recomendaciones de la misión que realizó el año pasado a Ecuador, el experto recomienda a los gobiernos de Bogotá y Quito la creación de una comisión internacional independiente que estudie los efectos de esas fumigaciones sobre sus poblaciones indígenas fronterizas.
A las autoridades de Quito les insta a diseñar y aplicar un plan de emergencia para hacer frente a la "crítica situación" de esas comunidades, especialmente de la etnia awás, por el impacto que ha tenido sobre ella el conflicto en Colombia, las actividades ilícitas de cultivo y el narcotráfico.
Otros factores que están debilitando a esa comunidad son el deterioro del medio ambiente, el flujo de refugiados indígenas colombianos y la violencia en la zona, por lo que recomienda a Ecuador "revisar las concesiones acordadas a empresas petroleras y mineras".
Al respecto, recuerda que la economía ecuatoriana depende de manera importante de la exportación de hidrocarburos, "que se realiza sobre todo en los territorios indígenas", donde tiene efectos negativos sobre el medio ambiente y las condiciones de vida de sus habitantes.
Una situación similar se presenta entre las comunidades ecuatorianas del Amazonas, "que se enfrentan a las actividades de compañías mineras y madereras, plantaciones de palma y otras", prosigue el informe, que recalca que "entre las poblaciones indígenas de la frontera norte esa situación se complica" por las fumigaciones de cultivos ilícitos de hoja de coca.
Por otra parte, el experto de la ONU considera que "la utilización de elementos de las fuerzas armadas para asegurar los intereses de las empresas petroleras, mineras y madereras" que operan en áreas indígenas ha dado origen a incidentes y denuncias de "militarización de las comunidades".
Por ello, recomienda a las fuerzas armadas de Ecuador que "se abstengan de celebrar convenios de prestación de servicios con las empresas petroleras que pudieran lesionar los derechos de las comunidades indígenas en cuyos territorios operan".
Como desafío para Ecuador, el relator señala el de "lograr la plena efectividad de los principios constitucionales en materia de derechos indígenas", pues ha acumulado "un retraso preocupante" al respecto "debido a la inestabilidad política de los últimos años".
Stavenhagen recomienda al CDH que haga un llamamiento a los tres Estados involucrados en la protección de "los países que se encuentran en aislamiento voluntario" (Ecuador, Colombia y Perú) y a la comunidad internacional para que "unan esfuerzos y recursos con el fin de proteger y salvaguardar los pueblos indígenas en peligro de extinción que viven en la región amazónica".
Al Congreso ecuatoriano le solicita que legisle sobre los derechos colectivos de los indígenas, especialmente en materia de administración de Justicia, reglamentación de actividades petroleras, mineras, madereras, agrícolas, pesqueras y turísticas en sus territorios y conservación de su patrimonio, entre otros asuntos.
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