El gobierno colombiano se enfrenta a una campaña para desacreditarlo internacionalmente mediante las denuncias de vínculos de políticos oficialistas con paramilitares y visitas de opositores a Washington para atacar el tratado comercial con esa nación, denunció el jueves el presidente Alvaro Uribe.
Dijo que esos temas repercuten negativamente en Estados Unidos, como lo muestran las condiciones impuestas por el Congreso de ese país para aprobar un tratado comercial y desembolsar fondos con los que se ayuda a Colombia a combatir a las guerrillas y el narcotráfico.
Han estado jugando a desacreditar al gobierno colombiano en Estados Unidos para afectar la aprobación del tratado de libre comercio y para afectar la ayuda de Estados Unidos a Colombia, expresó el mandatario en una rueda de prensa junto a su par chilena Michelle Bachelet.
Me preocupa mucho que los amigos políticos de la guerrilla que aquí viven todos posando de enemigos políticos del imperialismo yanqui... vayan con frecuencia a Estados Unidos a desacreditar al gobierno de Colombia, añadió.
Están haciendo un daño internacional a nuestra patria, expresó.
Para contrarrestar lo que consideró la campaña de descredito contra el país, Uribe anunció para este jueves por la noche una intervención televisiva en cadena a nivel nacional y un viaje para reunirse con periodistas en Miami, Estados Unidos.
Afirmó que paradójicamente el escándalo de la llamada parapolítica lo afecta a él que promovió la disolución de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la Ley de Justicia y Paz para enjuiciar a los que las comandaban y logró reducir dramáticamente la violencia en el país.
El senador izquierdista y ex guerrillero Gustavo Petro aseguró que supuestamente en fincas que pertenecían a la familia del presidente se reunieron y basaron grupos paramilitares a fines de la década de los años 90.
Ese señalamiento lo formuló durante una audiencia legislativa en la que destapó las relaciones que supuestamente empresarios, hacendados, religiosos, militares y policías habrían mantenido con paramilitares en Antioquia, un bastión electoral de Uribe y en donde comenzó su carrera política como gobernador.
Estas revelaciones se suman al escándalo que aún sacude al país por el encarcelamiento de ocho congresistas aliados del presidente ordenado por la Corte Suprema de Justicia que investiga sus presuntos nexos con esas milicias de extrema derecha a las que se les atribuyen brutales violaciones a los derechos humanos.
Uribe gestó un proceso de paz que permitió desmovilizar 31.000 paramilitares desde el 2003 y que tiene hoy a docenas de sus líderes presos a la espera de ser beneficiados por una ley que contempla penas máximas de ocho años de cárcel si confiesan todos los crímenes que cometieron y reparan el daño que ocasionaron.
Grupos que se autodenominan paramilitares han surgido nuevamente y operan en varias regiones del país.
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