Un pronunciamiento de la jueza 18º de lo Penal de Pichincha, Elsa Sánchez de Melo, sobre el pedido de la fiscal Elsa Moreno para que se ordene la prisión preventiva para 24 diputados restituidos se dará una vez que el Congreso Nacional precise si estos están en funciones o no.
La respuesta del Parlamento (enviada a la jueza a las 19:00 del jueves pasado), en la que Asesoría Jurídica se limita a enviar las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que destituyó a los diputados y del Tribunal Constitucional (TC) que los restituyó, según el juzgado que lleva este caso, no son suficientes para desechar o acoger el pedido que hizo la Fiscal de Delitos Misceláneos.
El martes pasado, Sánchez de Melo solicitó al Congreso una certificación en la que se determine si los 24 legisladores restituidos por el TC ostentan o no alguna función en dicha institución del Estado, en contra de quienes la fiscal de Delitos Misceláneos, Elsa Moreno, pidió la prisión por los delitos de sedición y arrogación de funciones, acusaciones que fueron formuladas por el llamado bloque de la Dignidad Nacional (DN).
Según el juzgado, la jueza esperará que se cumplan las 48 horas de plazo improrrogable que concedió al Congreso (previsto hoy a las 07:00) para que absuelva su consulta, en virtud de que la respuesta de este ente no cumplió sus expectativas.
Si el Parlamento no remite un alcance a su certificación inicial, en las próximas horas la jueza realizará un nuevo pedido a ese organismo para que amplíe y aclare su respuesta.
Adicionalmente, el Congreso Nacional entregó a Sánchez de Melo copias certificadas de los documentos con los que se informa sobre la designación de los cien legisladores para el periodo 2007-2011 y, además, la resolución del juez 14º de lo Civil de Rocafuerte (Manabí), Wilson Mendoza Mendoza, que negó un amparo que plantearon los legisladores restituidos en uno de sus varios intentos para recuperar sus cargos.
Por tratarse de un tema que podría generar “escándalo público”, Elsa Sánchez de Melo decidió acogerse al artículo 255 del Código de Procedimiento Penal. Este prohíbe a los jueces formular declaraciones públicas a los medios de comunicación sobre una causa que está para su resolución.
El incumplimiento de esta norma, según consta en ese mismo apartado, será sancionado con la destitución del funcionario, sin perjuicio de responsabilidades civiles y penales.
Demanda
La defensa del legislador restituido Dimitri Durán presentó una demanda penal en contra de la fiscal de Misceláneos, Elsa Moreno, a quien acusa de haberse “arrogado funciones” cuando inició un proceso en contra de 24 ex diputados destituidos por el Congreso Nacional.
Fundamentos
La demanda se fundamenta en los artículos 216 y 217 del Código de Procedimiento Penal, que reprimen a los jueces y fiscales con uno a tres años de prisión cuando inicien procesos sin autorización en contra de diputados, ministros de Estado, entre otros.
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