El Ministerio de Bienestar Social debe solicitar en forma inmediata, al Presidente, la derogatoria de la limosna pomposamente llamado “Bono de la Solidaridad” o “Bono del Desarrollo” para que mejor encuentre un modo de transformar esa “ayuda” en algo útil a la sociedad menesterosa.

He aquí algunas sugerencias: con los dineros que se gastan mensualmente, en cuatro años de Gobierno se pueden crear veinte escuelas artesanales, cuatro hospitales en zonas rurales o distritos y periferia de la ciudad; seguramente habrá otras ideas mejores, pero lo que no podemos aceptar es que personas ociosas usufructúen el esfuerzo del trabajador común y corriente. Debemos hacer las cosas con justicia social.

Edin Mantilla C.,
Guayaquil

No estoy en contra del Bono Solidario, pero sería mejor que se enseñara a pescar a la gente, o a cambiar el dinero por órdenes de compras para productos de primera necesidad y medicamentos. Creo que eso sería mucho mejor para las personas de escasos recursos.

No les demos dinero porque en la mayoría de los casos va a parar a manos de terceros que lo utilizan en otras cosas como comprar celulares, tabaco, ron, etcétera.

El pueblo ecuatoriano en algún porcentaje trabaja en diversos medios de producción ocho, nueve, diez y más horas al día por un sueldo que no se compadece con el esfuerzo que se realiza, ni con la realidad económica en que vivimos; mientras algunos reciben el Bono por no hacer nada.

José Pazmiño Mera,
economista, Guayaquil

Han transcurrido cien días del régimen y las autoridades que controlan las tarifas del transporte terrestre del país (Consejo Nacional de Tránsito) no se han enterado que en la ruta Guayaquil-Salinas se está cometiendo una estafa descarada en el cobro del pasaje desde hace más de cincuenta meses.

Esta situación se originó en enero del 2003 al aplicarse una tarifa de $ 3,40 (con complicidad de la Comisión de Tránsito del Guayas al avalar un informe ficticio). El IGM certificó que en dicha ruta hay 137 km, que multiplicada por la tarifa vigente de $ 0,01, el pasaje debería costar $ 1,37. La diferencia ($ 1,63) es motivo del reclamo.

Durante los gobiernos de Gutiérrez (causante de este atropello), de Palacio (cómplice por omisión) y ahora de Correa, se ha demostrado esta anomalía. Aproximadamente $ 17,7 millones es la cantidad obtenida fraudulentamente por dueños de ciertas cooperativas de transporte, tomando como base los datos proporcionados por sus directivos. Con esta suma, se construiría una terminal terrestre que la Península no posee y necesita urgentemente.

Esto fue denunciado en la Fiscalía de la Nación en enero del 2006 por el Congreso Nacional, sin resultado hasta hoy. Ojalá que la Fiscalía tome decisión contra este atropello. ¿Acaso los transportistas siguen influyentes como en anteriores gobiernos? ¿Dónde está el cambio prometido? Es una oportunidad que tiene el Presidente para demostrar que la patria es de todos y no de abusadores  transportistas.

Enrique Rosales Ortega,
Santa Elena

Debemos constituir una Asamblea que responda a las exigencias nacionales y no a los intereses partidistas.

El cambio comienza primero dentro de cada uno de nosotros, en nuestras actitudes y en nuestras familias. Comencemos el cambio todos sin dejarnos llevar por propuestas demagogas porque el país está en juego.

Esperemos también que aquellos que defendían ampliamente la postura obsoleta del no y del statu quo, dejen de planear ir a la Constituyente, porque eso sería inmoral.

Miguel Molina Díaz,
Quito

Después de escuchar tantos criterios respecto a “poderes” que tendría la Asamblea Nacional Constituyente, que llegarían a mandar a la casa hasta al mismo Presidente (Correa dijo que pondría a disposición su cargo), se me vino a la mente un país caótico, lo que significaría para Ecuador otra pérdida de tiempo y recursos.

En honor a la verdad, yo también pensaba que la Constituyente debía tener todos los Poderes; pero después de un análisis concienzudo he llegado a la conclusión de que es un problema semántico, es decir, estamos dando otro significado a la expresión “plenos poderes”. El Diccionario de la Lengua Española dice respecto a la Constituyente: “2. adj. Dicho de las Cortes, asambleas, convenciones, congresos, etc.: Convocados para elaborar o reformar la Constitución del Estado. U. t. c. s.”. Es muy clara de definición. Expresado de otro modo, la Constituyente tiene plenos poderes para cambiar todo lo que quiera cambiar cuando tenga a su cargo la elaboración de la nueva Carta Magna, y una vez que esta entre en vigencia, recién ahí procederán los cambios. El sentido común que indica que 70 o 100 asambleístas no pueden mandar a la casa al Presidente o a otras funciones del Estado, ya que estaríamos creando asamblea dictadora.

Es verdad que el Congreso Nacional está tan desprestigiado por las barbaridades que ahí se han cometido; pero no debemos actuar como ellos. Debemos respetar el marco legal, es hora de inaugurar el Estado de Derecho con proyección social, pensando en el bienestar de todos los ecuatorianos.

Julio Navas Pazmiño,
Guayaquil

Horacio Matamoros Osorio,
ingeniero civil, Guayaquil