El segundo semestre del 2000 se iniciaba con alegría en la vereda El Tigre, ubicada en el departamento del Putumayo, a una hora y media del puente internacional sobre el río San Miguel, límite entre Ecuador y Colombia. Era una noche de sábado, de fiesta popular. La gente estaba en los “bailaderos” (discotecas), en las residenciales y la plaza principal.
De pronto, el sonido de los fusiles acalló la música. Decenas de hombres armados, que después se supo eran paramilitares, disparaban a diestro y siniestro e incendiaban algunas casas. Acusaban a los presentes de ser guerrilleros o auxiliadores de las FARC. Efigenia Chinday Chilito y su familia de diez miembros lo vieron todo y se salvaron porque se escondieron en la selva.
Al amanecer, algunos cadáveres flotaban en el río, otros yacían en la plaza, en sus casas. Eran decenas de cuerpos despedazados, dice Efigenia, quien afirma que la noche de la masacre había muchos ecuatorianos. Hace una semana, la Fiscalía de Colombia localizó una fosa común en El Tigre.
Días después de esa masacre, su padre, Nicasio, y sus hermanos, William y Wilmar, que fueron a ver la finca, fueron acribillados y despedazados por los paramilitares. Efigenia y parte de su familia vagaron por la selva hasta huir a Ecuador.
“A mi padre le culparon que era comandante guerrillero y era mentira, él se ganaba la vida como curandero. No pudimos ni siquiera recoger el cuerpo, la finca quedó abandonada y no hemos vuelto hasta ahora”, dice, mientras llora. Y relata:
“Los paramilitares son sanguinarios. No les importa nada. Andaban destruyendo y matando de pueblo en pueblo. No solo disparaban en todo el cuerpo sino que utilizaban una motosierra, para ir despedazando parte por parte el cuerpo. A esa motosierra la llamaban la paraca, era pequeña, de medio metro.
Ellos decían que todos éramos guerrilleros, no escuchaban ninguna disculpa, por eso deben de haber caído ecuatorianos también, porque en el 2000, cuando los paramilitares llegaron a El Tigre había vendedores de ropa, médicos, profesores y agricultores de este país”.
Efigenia muerde sus labios y sigue con su relato: “En los caminos detenían los carros y hacían que la gente se bajara, los metían al monte y mataban al que querían. A los hombres, solo por estar con botas de caucho, les cortaban los testículos y los dejaban desangrar; a las mujeres embarazadas les ordenaban que estén paradas, les abrían la barriga, sacaban al muchacho y con el cordón umbilical envolvían los pies. Era duro”.
La mujer cita decenas de personas conocidas suyas que fueron masacradas. También lo dicen habitantes de poblados colombianos de la zona donde operaron las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia, conocidas como paramilitares.
La crueldad de los ataques de estos grupos también va saliendo a diario a la luz en la Fiscalía de Colombia, donde ex militantes rinden sus testimonios, como parte del proceso de justicia y paz del gobierno de Álvaro Uribe, acusado por un sector de su país de tener vínculos con el paramilitarismo. Este establece la confesión de los crímenes y “reparación a las víctimas” para que los ‘paras’ puedan acogerse a penas máximas de ocho años, sin importar que hayan matado a una o cientos de personas.
Comunidades
Unas 250 comunidades están asentadas en la zona fronteriza de Sucumbíos con el departamento colombiano del Putumayo.
Temor
Pese a que está vigente el proceso de paz entre el Gobierno colombiano y los grupos paramilitares de ese país, pobladores de ambos lados de la frontera dicen que estos aún operan.
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