En un pueblo de Dallas se busca aprobar ordenanza contra inmigrantes.
Los residentes de este suburbio de Dallas acudieron ayer a las urnas para pronunciarse sobre una ordenanza municipal que prohíbe a los caseros alquilar sus viviendas a los inmigrantes indocumentados.
Es la primera vez en el país que el público vota sobre una norma que obliga a los propietarios de viviendas a verificar que los inquilinos sean ciudadanos estadounidenses o inmigrantes legales, antes de alquilarles casas o apartamentos.
Los menores y las personas de 62 años o más no están obligados a demostrar su estatus migratorio o su ciudadanía para obtener un contrato.
Las familias que incluyen ciudadanos y también tienen inmigrantes ilegales podrían alquilar si cumplen uno de estos tres requisitos: son inquilinos; el cabeza de familia, ya sea el esposo o esposa, reside legalmente en Estados Unidos; y la familia solo está integrada por un cónyuge, sus hijos menores o los padres del cónyuge.
En el caso de que los votantes aprueban la norma, los grupos opositores a la medida pedirán a un juez que impida a las autoridades municipales poner en práctica la ordenanza, o iniciarán una demanda judicial.
El ayuntamiento aprobó la iniciativa en noviembre pasado y solo aceptó los comentarios del público después de la votación. Para justificar la medida, dijeron que el gobierno federal no ha logrado frenar la inmigración ilegal, pese a ser tema de su jurisdicción.
El legislador Tim O’Hare, que respaldó la ordenanza, sostiene que la economía y la calidad de vida de la ciudad mejorará si los indocumentados no residen en Farmers Branch.
Desde que la normativa fue aprobada, Farmers Branch se ha convertido en escenario de protestas y confrontaciones.
En todo el país, más de 90 municipalidades han propuesto normas parecidas, así como la imposición de multas a las empresas y negocios que contraten a sin papeles o el entrenamiento de sus fuerzas policiales para hacer cumplir las leyes federales de inmigración.
En tanto, el Senado tiene previsto, el próximo miércoles, decidir si reinicia o no el debate sobre una reforma migratoria que legalizaría a millones de indocumentados en EE.UU.
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