En la carrera por ocupar un puesto en la Asamblea, hay quienes han sufrido desgracias. Ellos tienen la ventaja de la solidaridad de la gente, que aprovechan políticos.
Las tragedias que han enfrentado los convirtieron en figuras públicas y en estos momentos son blanco de los partidos políticos que los buscan para la Asamblea.
Como candidatos tienen una doble ventaja: la gente ya los conoce y, además, se solidariza con ellos por sus desgracias. La ciudadanía los mira como símbolos de lucha contra la delincuencia, como el caso de Juan Fabara, padre de la niña Nathalia, que falleció en un tiroteo con delincuentes en 2006; contra negligencias, como Carlos Mora, infectado con sida en la clínica de Galo Garcés en 1994; contra la impunidad en casos que involucran a policías, como Dolores Vélez, viuda del caso Fybeca en 2003; y contra las mafias penitenciarias, como Amanda Arboleda, hija de Soledad Rodríguez, directora del penal de Guayaquil, asesinada hace 16 días.
Ellos quieren terciar como asambleístas el 30 de septiembre. En las listas inscritas en el Tribunal Electoral también están Edwin Jarrín y Stalin Basantes, hermano y sobrino, respectivamente, de Ricardo Jarrín y Fausto Basantes, líderes del movimiento Alfaro Vive Carajo que hace décadas murieron en circunstancias extrañas. O también Mauricio Montesdeoca, un empresario manabita cuyos dos hermanos fueron muertos y se le atribuye ser un asesino de delincuentes llamado el Justiciero, aunque él lo ha negado.
“Son casos penosos, uno no puede tener más que simpatía o pena”, dice el analista político Luis Eladio Proaño, pero recalca: “Para ser un buen legislador no se necesita haber sufrido una desgracia, sino ser capaz y saber qué se hace en una asamblea”.
La tendencia de tomar como candidatos a referentes de luchas contra injusticias se suma a la de ofrecer postulaciones a artistas, actores, periodistas o personajes de la televisión. El sociólogo Gaitán Villavicencio cree que como la campaña es corta, los políticos optan por estas alternativas. Así no invierten mayores recursos en promoción y tienen la mitad del camino recorrido para la asamblea.
“Están mercadeados públicamente porque la ciudadanía los ve como interlocutores sociales y porque pueden generar una reacción de pésame y compasión en el electorado”, opina Villavicencio al referirse a los estos candidatos que son familiares de víctimas en hechos violentos.
El problema más grave, dice el sociólogo, es “cómo van a usar a estas figuras, cómo se va a explotar esta parte sentimental del electorado, porque ahí no prima la racionalidad sino que hay un mercadeo de la desgracia”.
Algunos de ellos, como Juan Fabara, reconocen que con sus propuestas “no están inventando nada nuevo” o que no se haya dicho antes, otros, como Dolores Vélez, dicen que se han puesto a estudiar las constituciones, las leyes y códigos porque “lo importante es servir”.
La Asamblea tiene la función de redactar una nueva Constitución y crear los principios básicos para que funcione el país, no la promulgación de leyes, reglamentos o métodos de trabajo como proponen algunos de estos candidatos. Carlos Mora, por ejemplo, quiere hacer encuestas para saber cuáles son las necesidades de cada hospital y endurecer las sanciones en casos de negligencias médicas, en cambio, Amanda Arboleda plantea clasificar a los presos según su grado de peligrosidad, mejorar las cárceles y que los funcionarios de la penitenciaría sean elegidos por concurso de méritos y no de libre remoción.
De ahí que Villavicencio aconseja que el electorado debe elegir a los candidatos en función de sus propuestas. “Son candidatos válidos, pero debe primar el trabajo y las propuestas encaminadas al nuevo diseño del Estado. No creo que hay que tener un PH para ser asambleísta, pero sí saber qué va a hacer la asamblea”, resalta.
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