Los posesionarios llegan antes del amanecer con machetes y rifles, rodean las hileras de caña de azúcar y amenazan con matar a cualquiera que se interponga. Luego, le prenden un cerillo a los cultivos y declaran que la tierra es suya.
Durante siglos, gran parte de la rica tierra de cultivo de Venezuela ha estado en manos de una pequeña élite. Tras su llegada al poder, en 1998, y sobre todo tras su reelección, en diciembre, el Presidente Hugo Chávez prometió ponerle fin a esa inequidad y ha mantenido su promesa en un proceso que es tan brutal como legal.
Chávez actualmente lleva a cabo lo que podría convertirse en la redistribución forzosa de tierras más importante en la historia de Venezuela, al construir utópicas aldeas agrícolas para los posesionarios, prodigar dinero a cooperativas nuevas y enviar unidades de comando del ejército a supervisar propiedades confiscadas, en seis estados.
Los partidarios de Chávez han formado miles de cooperativas financiadas por el estado para arrebatarles granjas y ranchos ganaderos a propietarios privados.
Es difícil obtener compensación.
El gobierno afirma que el objetivo del reasentamiento a nivel país es hacer mejor uso de las tierras ociosas y hacer que Venezuela dependa menos de las importaciones de alimentos.
Se calcula que antes de que iniciara la reforma agraria, en 2002, el 5 por ciento de la población era dueña del 80 por ciento de la tierra privada del país. Elgobierno dice que ahora ha tomado posesión de aproximadamente un 1,376 millones de hectáreas y reasentado a más de quince mil familias.
A las afueras de Urachiche, por ejemplo, se encuentra Fundo Bella Vista, comunidad agrícola inaugurada por Chávez durante un episodio de su programa televisivo, transmitido desde el lugar, en abril.
Lisbeth Colmenares, de 22 años, estaba radiante mientras le mostraba a un visitante su nuevo hogar en dicho lugar, donde ella y su familia no pagan renta.
“Antes de Chávez, al gobierno le habría dado gusto dejarnos morir de hambre”, dijo Colmenares, con Luzelis, su hija de seis meses, en brazos. “Nunca dejaremos que nos quiten lo que tenemos ahora”.
Las incertidumbres y perturbaciones de las confiscaciones de tierras han llevado a una menor inversión por parte de algunos agricultores. Los economistas dicen que la producción de algunos alimentos se ha mantenido inactiva, lo que se suma a la escasez de artículos como el azúcar.
John R. Hines Freyre, dueño de la hacienda de caña de azúcar más grande del estado de Yaracuy, al noroeste del país y epicentro del proyecto de la reforma agraria, intenta desesperadamente vender dicha propiedad, así como otras en estados vecinos.
“Nadie quiere esta propiedad, desde luego, porque saben que estamos a punto de ser invadidos”, dijo Hines, de 69 años.
Hasta ahora, sólo un pequeño grupo de terratenientes en Yaracuy, en su mayoría inmigrantes españoles que conservaron la ciudadanía en su patria, ha recibido compensación por tierras confiscadas, después de que el gobierno de España presionó a Chávez.
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