En el año 2001, un oficial de las Fuerzas Armadas, Rogelio Viteri, agregado naval en la Embajada ecuatoriana en Londres, denunció irregularidades cometidas en la contratación con la firma inglesa Heath Lambert e Interoceánica del seguro para la flota de aviones militares.
Viteri habló de un sobreprecio de $ 4 millones; el negocio se cerró con el viaje a Londres de cuatro oficiales y sus esposas pagado por la empresa.
El oficial recibió acciones disciplinarias; mientras que la Corte Militar en diciembre de 2003, anuló el juicio contra los oficiales acusados por Viteri.
Este es uno de los tantos casos de aplicación de la justicia militar o policial, que fueron posibles por el incumplimiento de la norma constitucional que obliga a que los procesos a miembros de las Fuerzas Armadas o la Policía sean ventilados en los tribunales civiles.
A fines del año pasado, casi una década después de que pasó la norma constitucional, el Congreso aprobó la Ley de Defensa Nacional, que incluye la unidad jurisdiccional, es decir que los militares deben ser juzgados por la Función Judicial y del Ministerio Público. El caso de la Policía sigue pendiente.
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