Pienso que el verdadero problema de nuestro país es la impunidad a todo nivel.

Aquí, hay impunidad desde para el más pequeño de los delitos como no usar cinturón de seguridad, coimar un vigilante, pasarse una  luz roja, parquearme en doble fila... Y otras cosas negativas que las hacemos a diario, sin pensar que igualmente son un delito, a sabiendas de que no seremos multados, y si lo somos, serán multas  irrisorias.

También hay impunidad para los más altos niveles, como los casos de los “videos” donde está totalmente claro que hay corrupción.

Con asombro leí que la sanción a quien trabajaba como mayor de la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG) y se lo ve claramente en un video que lo mostraba recibiendo dinero de otros, solo sería reubicado dentro de la misma entidad, y le seguirán un sumario disciplinario interno. ¿Por qué en casos como este no se mete preso inmediatamente si hay pruebas claras de delito? ¿Por qué no se cambia a todos los subalternos de esas personas?

Si no hay  acciones duras todo queda en nada, los esfuerzos de erradicar la corrupción no servirán de nada, y como siempre, habrá impunidad; el gran mal que sufre Ecuador. Si esta no existiera, no tendríamos que sufrir el atropello de que nos saquen las películas antisolares de los carros, porque los asaltantes no saldrían impunes  de las cárceles; tampoco habría el problema del puente Rafael Mendoza Avilés, porque los transportistas respetarían las regulaciones dictadas por cada institución.

Si hay leyes, que se cumplan, y jueces que las impongan y sancionen ejemplarizadoramente. De ese modo nadie, en ningún nivel socioeconómico, contravendría una ley.  

Xavier Avilés Carvajal,
Guayaquil

En esta semana se inició el Festival Cinematográfico del Eurocine 2007, con el preestreno de una formidable producción alemana titulada  La vida de los otros. 

En resumen, narra los últimos y aciagos días de Honnecker al frente de la República Democrática “Alemana”, y de cómo funciona la famosa “Razón de Estado, analizada por el ilustre politólogo italiano Nicolás Macchiavello, o teoría según la cual el fin (siempre supuestamente bueno) justifica los medios (normalmente execrables).

Esta teoría es connatural a todos los gobiernos de corte totalitario, llámense de izquierda, derecha, populistas, fundamentalistas, fascistas, etcétera; mediante la cual los gobiernos de turno creen tener la fórmula mágica para lograr la felicidad y la prosperidad de sus pueblos, y en contrapartida, aquellos de origen democrático que tienden a velar por los derechos naturales e individuales de sus ciudadanos, automáticamente son etiquetados oligárquicos y perversos, dado que el Estado lo es todo y el individuo, nada.

En la película, el Ministro de Seguridad Interna (que en nuestro Ecuador de estos días se denomina de Economía y Finanzas), comparte a una famosa actriz de teatro en calidad de amante, con un afamado dramaturgo, ni siquiera opuesto al régimen, sino más bien cercano y colaborador con él. Pero este lío de faldas intrascendente en un régimen democrático, logra que el Ministro le ordene a la Stasi o Gestapo comunista, que se vigile bajo la supervisión de un coronel de la misma, fuera de toda sospecha o duda, 24 horas al día, las actividades del dramaturgo y su amante; forzándola, incluso, a “delatar” al primero, en favor del segundo.

Por supuesto, cerca del final, la actriz se suicida creyendo que la Stasi había descubierto in fraganti al dramaturgo. Pero este se salva gracias a la intervención personal de su propio verdugo, quien luego de todos los atropellos a la dignidad humana y otras barbaridades ejercitadas en contra de un gremio de artistas, considerados disidentes, termina saqueado y desilusionado de la ideología política de toda su vida; y ya en el Berlín unificado se convierte en un cartero honesto y de buen corazón.

Invito  a los distinguidos lectores de Diario EL UNIVERSO a ver este sensacional filme, y a descubrir con cuál de los dos personajes se terminará identificando mejor el ministro Patiño: si con el Ministro de Estado que dio la orden, o con su leal coronel quien terminó incumpliéndola, y rescatando así, al final de su vida, sus valores éticos inmutables e imperecederos; y con ellos también los de sus conciudadanos.

José Enrique Nebot Saadi,
abogado, Guayaquil

Lo referente al problema del ministro Patiño es muy grave y la ciudadanía espera  esclarecimiento del primer poder del Estado, como es el Congreso.
Desgraciadamente, el Parlamento  está sumiso al Ejecutivo y únicamente defiende la troncha, no les importa la dignidad del órgano que tiene facultad de fiscalizar y enjuiciar, aun hasta al Presidente de la República si ha violado la Carta fundamental del Estado.
Camilo Vicente Arellano Almeida,
Guayaquil

Los menores constituyen casi un tercio de la población ecuatoriana, y al igual que los adultos, observan asombrados los  Pativideos  por la televisión.  Pero ellos no interpretan lo que ven según criterios éticos maduros. Alguien tiene que alentarlos a que discutan y elaboren lo que ven, orientándolos a tomar una posición crítica frente a lo ilegal y lo perverso.

 Si los canales de televisión no lo hacen aduciendo que no es su rol educar; si los maestros no lo hacen porque no están preparados; si los padres no lo hacen porque no se percatan que es necesario; entonces, ¿quién les explica los   Pativideos  a los niños? Si nadie lo hace, no nos sorprendamos cuando estos chicos sean adultos y actúen con los mismos contravalores que rigen la vida de todos esos “actores” .

Hay que romper el posible circuito de identificación con los agresores y transgresores, ya que si los niños observan a los políticos cometiendo ilegalidades de manera impune y deshonesta; si concluyen que los políticos pueden decir una cosa y hacer lo opuesto sin asumir mayores responsabilidades, esos mismos niños no tendrán ningún aliciente para asumir los valores morales que sus adultos predican.

¿Qué hacer? Es fundamental que los adultos hablemo

Me refiero al editorial de Emilio Palacio publicado en la edición del 21 de junio bajo el título ‘Un viejo dilema’, respecto del cual y en lo que tiene que ver con mi gestión frente a la AGD cuando se realizó la incautación de los activos del Dr. Fernando Aspiazu, entre ellos la compañía El Telégrafo, me veo obligado a puntualizar lo siguiente:

“La AGD de Patricio Dávila” jamás pretendió la estatización de  El Telégrafo  como medio de comunicación; lo que se hizo fue en cumplimiento de la Ley de Reordenamiento Económico en el Área Tributario Financiera, art. 29, incautar los activos del ex accionista de un banco en el que fueron detectadas las irregularidades que obligaban a dicha incautación.

Pese a ello, nunca hubo más libertad en la información y hasta libertinaje en las opiniones que vertía ese diario a través de sus páginas, al punto de que los articulistas del medio se dieron el lujo de llegar a ser inclusive ofensivos cuando se referían al Dr. Patricio Dávila, gerente general de la AGD.

Desde el principio se procuró la venta de la compañía porque generaba pérdidas, pero tenía activos valorados en cerca de tres millones de dólares; al no lograr la venta se decidió hacer un aumento de capital que ni fue “fraguado” ni fue “ficticio”, ni hacía perder a la AGD su calidad de mayor accionista.

Lamentablemente luego de mi retiro de la AGD, a través de una oscura maniobra, el accionista minoritario pretendió dejar sin efecto un aumento de capital del año 2000 que habían realizado Aspiazu y él en la compañía El Telégrafo, para lograr de ese modo reducir el porcentaje accionario de la Agencia.

Fue mi intervención, a pesar de ya no ser funcionario gubernamental, la que permitió a la AGD recuperar su calidad de mayor accionista y el control sobre  El Telégrafo  hasta el año 2004, cuando por alguna nueva maniobra que nunca he logrado entender, se había entregado el control del periódico al Ab. Carlos Navarrete Castillo, a quien probablemente se refiere el articulista al mencionar el término “partidocracia”.

Esta es la verdad, y considero que un periodista que se respete tiene la mínima obligación de investigar lo que no conoce para emitir su opinión, porque no hacerlo puede llevarlo a la desinformación  y a mancillar el honor de las personas de manera injusta.

Patricio Fernando Dávila Molina,
Guayaquil