La próxima Constitución definirá el nuevo concepto
de seguridad.
Los militares han dirimido las últimas crisis políticas, que dieron como resultado cambios en la primera magistratura del país. De ahí que el papel de las Fuerzas Armadas será un tema importante que se deberá definir en la Asamblea Constituyente que se instalará en octubre próximo en Montecristi.
De las 615 propuestas que han llegado a la Comisión de Juristas del Conesup (Consejo Nacional de Educación Superior), encargada de elaborar una nueva Carta Magna, un buen número se relaciona con las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, la mayoría no se refiere precisamente a la preocupación mayor en torno al rol de los militares en el Ecuador. Las inquietudes de los ciudadanos giran, en cambio, sobre la eliminación del servicio militar obligatorio y el reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia, indicó el comisionado del Conesup, Julio César Trujillo.
La última Ley Orgánica de Defensa Nacional aprobada en las postrimerías de la legislatura anterior, en diciembre del 2006, avanzó en términos de ajustar las atribuciones de organismos como el Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) o el ámbito estrictamente profesional del Comando Conjunto de las FF.AA.
Pero dejó en pie otros que han servido para la intervención militar en tres aspectos: la vida política del país; las empresas no necesariamente dedicadas a implementos militares; y la participación del Comando Conjunto de las FF.AA. y el Cosena en la planificación nacional y en decisiones que competen a otros organismos del Estado.
El papel de las FF.AA., según lo establecido en la Constitución, es el de ser guardianas del orden jurídico, lo que ha justificado su dirimencia en las crisis políticas.
Ante ello, la respuesta desde la institución, después de cada crisis, ha sido que el poder civil no fue capaz de encontrar salidas democráticas a sus conflictos.
En efecto, el Plan Estratégico del Ministerio de Defensa afirma que la institución dejará de ser un actor político, cuando “el sistema político y económico funcionen adecuadamente”. Pero ¿quién establece y cuándo ocurre ese funcionamiento adecuado?
Para Berta García, directora del Proyecto Relaciones Civil-Militares de la Universidad Católica de Quito, existe un consenso en cuanto al rol militar de procurar la permanencia del Estado y de sus instituciones, en la medida en que sus intervenciones sean demandadas por el poder político y estén reguladas por leyes.
Igualmente en cuanto a colaborar en acciones frente al terrorismo o el narcotráfico, pero exclusivamente si la Policía se ve rebasada; pero está fuera de lugar su papel como garantes de la democracia.
Para García, por tanto, se trata de ser claros en la próxima Constitución, de modo de no dejar puertas abiertas para la dirimencia militar en las crisis políticas.
Y el punto clave es si debe o no decir en la Constitución, de manera expresa, que las FF.AA. son “garantes del ordenamiento jurídico”.
El Ministerio de Defensa propone modificar la redacción de la Constitución en este punto, pero sin excluirlo de plano. “Coadyuvar para garantizar el respeto a la Constitución y leyes vigentes a las que están sometidas”, dice su propuesta.
En cuanto al Cosena, el debate radica en qué entender por “seguridad nacional”.
Si el concepto hace referencia por igual tanto a la defensa nacional y la seguridad ciudadana como a la seguridad sanitaria, laboral o alimentaria, ¿es conveniente la actual estructura del Cosena con la presencia de los miembros del Comando Conjunto y sin los ministros que en un gabinete se ocupan del desarrollo social y productivo? ¿El Secretario de ese Consejo que se autodefine como superior incluso al presidente de la República –en la medida en que lo preside por encima de los tres poderes del Estado presentes– debe seguir siendo un militar en servicio activo? ¿No debe reemplazar al Cosena un nivel de coordinación ministerial que articule las instancias de la seguridad nacional?
Varios analistas coinciden en señalar que es conveniente que en el Ecuador se asuma el nuevo concepto de seguridad nacional que no se refiera exclusivamente a la defensa militar.
En síntesis, la tendencia podría ser hacia una Constitución Política que sea más explícita y que excluya con claridad posibles interpretaciones del papel de la Fuerza Pública (FF.AA. y Policía Nacional) a través de leyes secundarias.
Fuerzas armadas: Las crisis políticas
1979
Las Fuerzas Armadas entregan el poder a cambio de mantener un conjunto de privilegios económicos y militares, derecho a gestionar empresas, autonomía en los aspectos de defensa y un rol político como “garante del orden jurídico”; atributos inéditos con respecto a constituciones anteriores.
Marzo de 1983
El general Luis Piñeiros consulta a la Embajada de Estados Unidos la posibilidad de un apoyo para un golpe militar contra el gobierno de Osvaldo Hurtado; recibió una respuesta negativa.
Marzo de 1986
Rebelión militar encabezada por el general Frank Vargas, que se atrinchera en la base aérea de Manta.
Enero de 1987
Comandos de la FAE secuestran al presidente León Febres-Cordero (PSC) en la base de Taura y consiguen la libertad de Frank Vargas. Se enjuicia a los comandos.
Junio de 1988
Sectores del Ejército participan en la represión de la huelga general del Frente Unido de Trabajadores (FUT). Invaden los predios de la Escuela Politécnica en Quito.
Junio de 1990
Un grupo de militares es secuestrado durante varias horas en Chimborazo, en el marco del levantamiento indígena de ese año. Las FF.AA. participan para reprimir o mediar en los levantamientos indígenas de la década de 1990.
Febrero de 1997
La crisis política desemboca en la destitución del presidente Abdalá Bucaram (PRE). Las Fuerzas Armadas Ecuatorianas participan activamente en el desenlace y serán las que conduzcan la transición hacia el gobierno de Fabián Alarcón y la suplantación de Rosalía Arteaga. El general Paco Moncayo fue el árbitro último.
Agosto de 1998
Por primera vez desde el retorno a la democracia, dos generales pasan del retiro al Parlamento: Paco Moncayo y René Yandún (ID).
26 de octubre de 1998
La firma de la paz entre Ecuador y Perú cierra un largo ciclo de protagonismo militar en la historia ecuatoriana y abre un lento proceso de reconsideraciones en la relación civil-militar y en las propias FF.AA.
Enero del 2000
Frente a la rebelión de la alianza militar-indígena y la caída del presidente Jamil Mahuad (DP), la intervención militar tuvo dos momentos protagónicos: en la conformación, a la medianoche, de una junta de gobierno presidida por el general Carlos Mendoza. Y el traspaso del poder por parte del alto mando al vicepresidente Gustavo Noboa en el Ministerio de Defensa.
Agosto del 2004
Por primera vez, desde el retorno a la democracia, un militar triunfa en elecciones presideciales directas: el coronel Lucio Gutiérrez (SP). Su antecesor en la lid electoral fue el general Frank Vargas Passos, que terció en 1988.
Abril del 2005
El retiro, por parte del Comando Conjunto, del apoyo al presidente Lucio Gutiérrez precipita su caída y la posesión del vicepresidente, Alfredo Palacio, acompañada de una polémica participación de los altos mandos.
Diciembre del 2006
El Parlamento aprueba la nueva Ley de las FF.AA., en la que se avanza en la delimitación de los espacios de intervención militar en la vida y en las instituciones del Estado.
Enero del 2007
Se quiebra uno de los compromisos asumidos por el poder civil en 1979: que el ministro de Defensa sea, obligatoriamente, un militar en retiro. Se nombra a la socialista Guadalupe Larriva.
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