Territorio, cultura, lengua y justicia propia son algunas de las garantías.
La reciente disputa entre la nacionalidad Awá y el Frente Cívico de Afrodescendientes por las tierras ancestrales en Tululbí en San Lorenzo (Esmeraldas) puso sobre la mesa nuevamente el debate sobre el cumplimiento de los derechos colectivos.
“Si los territorios ancestrales estuvieran definidos no habría este problema”, dijo el diputado Bolívar Castillo (ARE).
A su criterio los unos y los otros tienen derechos históricos sobre estas tierras, el problema es que los unos procuran su conservación y los otros quieren la madera, aseveró.
Dentro del capítulo de los Derechos Colectivos, la garantía de los pueblos indígenas a conservar sus territorios ancestrales ha sido uno de los más violentados, señaló el dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Efrén Calapucha.
De su parte, los negros reclaman estar marginados, después de los indígenas, y exigen constitucionalmente no ser más un “apéndice” de ellos.
Además de reivindicar las mismas garantías para las comunidades asentadas en Esmeraldas y el Valle del Chota, Katherine Chalá, de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), agregó que es necesario determinar acciones afirmativas con cuotas de participación de los negros en la administración del Estado para impulsar su integración en la sociedad.
Chalá explicó que esperan que los nuevos asambleístas eleven de categoría a la Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano (Codae) para que se transforme en un Consejo como tienen los indígenas y los montubios.
A las demandas de derechos colectivos, se sumaron los montubios, quienes exigen que la nueva Carta Política del Estado les reconozca su cultura y territorios ancestrales.
Los representantes del Consejo de Desarrollo del Pueblo Montubio de la Costa (Codemoc) han visitado más de una vez a la Comisión de juristas del Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup) para presentar sus planteamientos.
El capítulo V de los derechos colectivos resumido en diez artículos, desde el 83 hasta el 92, consagra los derechos de los indígenas, afrodescendientes, del medio ambiente y de los consumidores.
Aunque fue el que ayudó a insertar al país en el “constitucionalismo moderno”, el problema ha sido la falta de leyes secundarias para su aplicación.
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