Como un gobierno "profundamente verde" calificó el presidente Rafael Correa a su régimen, tras desvirtuar las críticas surgidas por la emisión de un decreto que permite la comercialización y exportación de las aletas de tiburón por parte de pescadores artesanales.
La unidad de Policía del medio ambiente reportó la semana pasada el decomiso de 528 aletas del escualo además de una serie de productos elaborados con el cartílago de las mismas. El hecho se produjo en Manta, 260 kilómetros al suroeste de Quito.
"Si bien se ha derogado la prohibición y los pescadores artesanales pueden vender las aletas de tiburones se han endurecido los controles", afirmó este sábado el mandatario en un programa radial. "Precisamente, por eso estamos incautando la pesca ilegal de tiburón, porque está prohibida la pesca deliberada", agregó.
Correa criticó a este Diario por difundir las noticias de las capturas, por incitar a creer al lector que desde que se dictó el decreto se pesca más tiburón, afirmó.
Sin embargo, después de que el jueves el Jefe de Estado afirmara que de ninguna manera se ha liberado la pesca del tiburón, cerca al cantón Arenillas, en El Oro, la Policía Ambiental incautó 261 tiburones llevados desde Manta, donde el martes pasado se encontraron 528 aletas recién sacadas del mar.
El mandatario volvió a justificar la medida "pues el alto costo de la aleta representaría un ingreso válido para los pescadores de escasos recursos".
Pero los argumentos del régimen son refutados. Un error del Gobierno, sostienen ecologistas y ambientalistas que critican su decisión, es que derogó la prohibición de vender tiburones producto de la pesca incidental sin tener listos los planes de control. Por lo que “nadie puede determinar si la pesca no fue dirigida”.
Es más, en declaraciones a este Diario la subsecretaria de Pesca, Marcela Aguiñaga, dijo que recién se están tramitando las partidas en el Ministerio de Economía para comenzar a desarrollar los controles adecuados en las playas, hasta donde los tiburones deben llegar completos, según el decreto, con el objetivo de frenar el aleteo (corte de aletas en alta mar).
Ambientalistas han criticado la medida por atentar contra la conservación de la especie y considerar que tiene un trasfondo político. En tanto, el diputado Carlos González (ID) anunció una demanda internacional contra Correa por considerar que el decreto es una vergüenza nacional, informó la AP.
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