Son las 09:50 de la mañana del jueves. A la Unidad de Delitos Flagrantes de la Policía Nacional llega un pedido de la Unidad de Inteligencia para ejecutar un allanamiento de una casa ubicada en el sector de Cuzubamba, al sur de Quito.
Desde hace días elementos policiales vigilan la zona y constataron que en ese inmueble se almacenan objetos robados como mercadería, ropa, celulares, artefactos eléctricos.
Luego de examinar los documentos de respaldo, el juez penal tercero, Luis Fernández, inmediatamente emitió la orden y el fiscal junto a la Policía ejecutaron el allanamiento.
La efectividad en el operativo se logró debido a la cercanía de la oficina del fiscal, juez y de la Policía Judicial, que hoy trabajan en conjunto.
Antes, para obtener esta orden podría tardar más de una semana. La boleta se emitió en 10 minutos.
Después del allanamiento se detuvieron a los propietarios del inmueble para las investigaciones. Ahora la Policía espera que los objetos sean reconocidos por sus dueños.
A lo largo del día, el juez recibió siete delitos flagrantes (cuando es a la vista de todos o es descubierto en el acto), pero el grueso de causas se receptan en horas de la tarde.
En un día podrían atender 22 casos. Estas causas son por allanamiento, incautación, detención por 24 horas.
Un amanuense, que prefiere la reserva de su nombre, asegura que durante esta primera semana de funcionamiento de la unidad existe confusión por el tipo de denuncias.
Por ejemplo –dijo– llegan personas que denuncian robos y violencia doméstica que son remitidos a las unidades especializadas para las investigaciones pertinentes.
Ese fue el caso de Alida Castillo, quien busca justicia para su hijo Juan Diego, de 24 años, asesinado el 4 enero pasado en Monjas Alto, al sur de Quito.
En el resultado de la autopsia se determinó que tenía una puñalada en el hombro, corazón y golpes en las cejas.
En esa época no se investigó, pero ahora hay indicios de que su ex esposa, por celos, pudo ser la responsable del asesinato.
Acelerar trámites
La unidad abrió sus puertas el lunes pasado, con la finalidad de acelerar y reducir el tiempo en que se realizan los trámites preprocesales, que antes tardaban semanas para que sean conocidos por los jueces.
El área está conformada por siete agentes fiscales, dos secretarios, nueve amanuenses, doce personas de apoyo, dos médicos legistas y peritos especializados en Criminalística de la Policía Judicial, que laborarán en una misma oficina.
Todos actuarán coordinadamente. Por ejemplo, si llega un delito por lesiones, el juez, secretario, la policía y el médico legalista verificarán el estado de la persona, tras lo cual el funcionario judicial se pronuncia.
El primer turno lo cumplió el juez 3º de lo Penal del Pichincha, Luis Fernández, quien indicó que la idea es entregar una eficiente, veraz y pronta respuesta a delitos atentatorios contra la vida, la propiedad e integridad física de las personas que se cometen in fraganti.
El fiscal general, Jorge German, explicó que la unidad pretende “evitar la impunidad de los delitos que afectan a la seguridad jurídica del país y el bienestar de la sociedad”.
En este sentido, invocó a los fiscales y policías a trabajar en conjunto. “Se espera que esta Unidad supere el 75% de efectividad”, dijo.
Denuncias
Para agilizar la atención en la Unidad de la PJ no se receptan denuncias sobre robo o pérdida de documentos, celulares y agresiones físicas.
Atención
El coordinador de la Unidad de Delitos Flagrantes, Vicente Reinoso, estima que a diario atienden un promedio de 140 y 160 causas.
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