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La despolitización de órganos de control es la principal propuesta |
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| QUITO. La actual Corte Suprema de Justicia (CSJ) fue elegida por un comité calificador en un proceso inédito en el país en el que incluso intervino la sociedad civil como veedora. | | |
| Agosto 01, 2007
QUITO
Planteamientos. El objetivo es liberar a las dependencias de la influencia de los partidos políticos.
La despolitización de los organismos de control exige una redefinición de la estructura de Estado, señala la propuesta elaborada por el Gobierno. Este es, precisamente, uno de los temas más abordados en casi todos los proyectos entregados a la Comisión de Juristas del Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup), que –a pedido del actual régimen– elabora un borrador de la Constitución.
En el grupo de los organismos de control se incluyen la Contraloría General del Estado, la Procuraduría, el Ministerio Público y las fiscalías, las superintendencias de Bancos y Compañías, la Defensoría del Pueblo y la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción (CCCC).
Estas instituciones tienen como objetivos defender los intereses del Estado, preservar la transparencia de los recursos públicos, regular las actividades financieras y societarias, defender los derechos ciudadanos y particularmente combatir la corrupción, entre otros.
El cambio en los organismos de control es una tarea pendiente desde el 2006, según una propuesta de reforma política presentada por el ex diputado Ramiro Rivera (UDC), que permanece vigente y en la que ya se manifiesta que se los debe liberar del “control” y, sobre todo, de las dependencias políticas a las que están sometidos.
Bajo ese mismo análisis el Gobierno sugiere que sus representantes sean nominados por un organismo público creado constitucionalmente para el efecto, que definirá las ternas entre los mejores expedientes curriculares de sus miembros.
Esta propuesta señala, además, que la elección de los miembros de los organismos será atribución de un tribunal integrado por los delegados de los presidentes de la República, del Congreso Nacional y del Parlamento, quitándoles de esta manera la hegemonía a los parlamentarios.
A los cambios en su forma de organización y designación de autoridades se establece también la necesidad de fijar mecanismos de rendición de cuentas de su trabajo a un organismo superior y a la ciudadanía.
A nivel de la subcomisión de la organización del poder de la Comisión de Juristas del Conesup no hay todavía un acuerdo definitivo sobre este tema.
Así lo asegura Julio César Trujillo, uno de los integrantes de la Comisión de Juristas, quien, sin embargo, manifiesta que está en debate si se debe incluir o no a la Defensoría del Pueblo y a la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción, dos entidades de control, pero sin facultades coercitivas.
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