Si la ministra de Defensa, Lorena Escudero, no es clara en explicar el caso de la muerte de la ex secretaria de la misma cartera, Guadalupe Larriva, será sometida a juicio político y a la consecuente destitución. Así lo anunció este mediodía el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ramssés Torres.
Esta advertencia se dio un día después de que Escudero dijo que esperará que concluyan las investigaciones sobre la muerte de Larriva para "iniciar juicios en contra de todos quienes hablen de encubrimiento, calumnien y atenten contra mi moral”.
La Comisión solicitó oficialmente a la Secretaria de Defensa todos los expedientes del caso. Puso como plazo el próximo lunes.
Torres también advirtió al presidente de la República, Rafael Correa, que no puede inviabilizar o intransparentar los procesos de investigación. En caso de que se determinen responsabilidades, incluso en el más alto mando militar deberá ser "sancionado conforme las normas constitucionales, legales y reglamentarias", manifestó.
Por su parte, el ministro coordinador de Seguridad Interna y Externa, Fernando Bustamante, aseguró esta mañana que no habrá más sanciones por el accidente en el que murió la ministra Larriva, su hija menor y cinco militares.
Para el régimen, señaló, el informe presentado es transparente. Lo dijo en Ecuavisa después de sostener que el video de las actividades realizadas por la entonces Ministra el día del accidente no es evidencia adicional. "No hay nada novedoso al respecto", añadió.
De acuerdo a Bustamante, las imágenes de la reciente filmación hecha pública no son del último vuelo, porque -afirmó- ella fue trasladada a Portoviejo en ese momento, antes de que ocurra el accidente.
Mientras, la familia y el abogado de la ex ministra, Víctor Granda, criticaron la posición de Escudero y Bustamante.
Aseguran que en torno al informe del accidente existen manipulaciones.
"¿Cómo puede el jefe del Comando Conjunto mentir de esa manera y tratar de sustituir y alterar documentos públicos?", cuestionó Granda.
El hijo de Larriva, Rodrigo Ávila, solicitó al Defensor del Pueblo, Claudio Mueckay, intervenir en la investigación luego de que "se violaron los derechos humanos fundamentales, como es el derecho a la vida de mi señora madre, de mi hermana menor de edad, y de todos los pilotos presentes, y toda la tripulación presente en dicho accidente".
Mueckay ratificó que tiene jurisdicción para investigar este caso.
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