Me he quedado anonadado luego de que el jueves 9 visité el barrio Las Peñas por la noche y al dirigirme  a un bar con unos amigos  recibí improperios por parte de un guardián de una garita puesta (según lo exclamó él) dizque  por el Municipio y la Fundación Malecón 2000.

Ese guardia de la manera más burda, luego de indicarle que tenía una persona lesionada en el vehículo y solo ingresaría a dejarla al pie de las escalinatas, para luego parquear el carro en el estacionamiento del Imax, se portó peor que un niño terco.

No creo que instituciones estén sobre la Constitución y el derecho de transitar libremente por el territorio nacional, derecho que hice respetar en ese momento. El guardia decía que la avenida Numa Pompilio es de uso exclusivo de peatones. Perfecto y comprensible si no hubiese autos parqueados. Luego dijo que era de uso exclusivo para los moradores, lo que sería parcialmente comprensible ya que siendo un lugar turístico no respondería a esos intereses.

Podrían fácilmente facilitar la vía para poder ingresar y dejar a las personas y prohibir el parqueo de turistas (sean del exterior o de la misma ciudad), pero se permitía libremente el ingreso de taxi amigos a la calle.  ¿Las Peñas es solo de los moradores y los taxi amigos  o es de todos? ¿Qué pasó con los ancianos, discapacitados, lesionados y embarazadas que no pueden caminar en exceso?
Luego de la riña llegó la Policía Nacional y en perfecto manejo del control de la paz pública me permitió ingresar, dejar a las personas y poder salir; eso duró cinco minutos, tras una discusión de una hora.

Me impresionó el buen trato de los policías, cuyos perfiles suelen ser lo contrario, así como la solidaridad de moradores y de otros taxi amigos quienes apoyaron mi postura, tras haber sido agredido no solo verbal, sino físicamente. Pero lo que más me sorprendió fue haber sido tachado de “pelucón” y que eso sea reflejo de rechazo que impulse una contienda entre ecuatorianos. Esa pugna, ese resentimiento  es lo que un Presidente ha logrado con sus discursos separatistas.

Daniel Andrés Kuri García,
Guayaquil

En relación con la noticia aparecida el martes 24 de julio en el Diario de su dirección, relativa a la resolución del Presidente de la Corte Suprema de Justicia de llamarme a juicio por encubridor en el caso de la fusión de los bancos Filanbanco y La Previsora S.A., por el respeto que merece su opinión y la opinión pública, me permito hacer las siguientes precisiones que me parecen indispensables en guarda de mi buen nombre:

Como superintendente de Bancos, por pedido expreso de los dos bancos, el 4 de octubre de 1999, casi dos años antes de que Filanbanco suspendiera sus operaciones, aprobé un convenio de asociación entre Filanbanco S.A. y La Previsora S.A., como un mecanismo de aproximación a un programa de fusión.

La aprobación la hice fundamentado en el artículo 17 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y basado en los informes previos favorables de todas las instancias correspondientes de la Superintendencia de Bancos, que establecían la conveniencia y procedencia legal y financiera de la asociación.

Aprobé la asociación con la condición de que se contratara una consultora internacional de prestigio para que coordine el proceso de fusión y que los administradores y directores de Previsora presenten sus renuncias a sus cargos, como en efecto así ocurrió. Ordené además el castigo de la totalidad del capital privado de La Previsora, por lo cual dicha entidad pasó a ser un banco ciento por ciento de propiedad estatal.

Pero de manera insólita e inexplicable, el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, no obstante que reconoce expresamente en su resolución que mi actuación fue legítima y amparada en todas las normas legales, me llama a juicio acusándome de encubridor, por no haber realizado el seguimiento y cumplimiento del contenido de las resoluciones de la Junta Bancaria, las recomendaciones de las empresas de auditoría internacional, los informes técnicos financieros de los funcionarios de la Superintendencia de Bancos relacionados con la administración de los bancos La Previsora y Filanbanco, sin considerar, como consta en el proceso, que cuando tales recomendaciones se formularon ya había dejado de ser superintendente de Bancos, pues renuncié el 31 de enero del 2000  y por lo tanto no podía cumplirlas ni hacerlas cumplir ya que a lo imposible nadie está obligado.

Por supuesto apelaré esta injusta decisión del Presidente de la Corte Suprema, pero el respeto que   merece la trayectoria de una vida limpia  me obliga a realizar esta necesaria aclaración.

Jorge Guzmán Ortega,
abogado, Guayaquil

Con respecto al editorial de su periódico publicado el martes 7 de agosto del presente, bajo el título ‘Castigo al comercio exterior’ , tengo a bien aclararle los siguientes puntos:

“Al productor bananero, por ejemplo, le descontarán de la fruta que entrega una cifra exorbitante...”.  Al respecto es necesario indicarle que el usuario directo del puerto Simón Bolívar de Guayaquil es el sector exportador bananero, quienes asumen los gastos y costos de exportar una caja de banano, que el productor debe entregar al costado del muelle del buque, de acuerdo con lo que determinan la Ley y los contratos suscritos entre productores y exportadores.

“...Pero de parte de las autoridades no escuchamos ninguna reacción. Tendrán que exigirlo entonces las cámaras de Comercio, Fedexpor y la Corpei”. Respecto a esta puntualización, tengo a bien informarle que la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE) presentó un escrito a la Autoridad Portuaria de Guayaquil, en donde se demostró que el incremento no procede ya que según el contrato de Concesión, Contecon deberá presentar a la Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG) para su respectiva aprobación el Plan de Inversión, cuyo plazo es de 180 días a partir del 1 de agosto del año 2007, constituyendo un hecho improcedente que exista una retribución tarifaria superior a la existente, aquello sería otorgar a la concesionaria un beneficio ilegítimo.

En consecuencia, si las inversiones no se han iniciado, no existe causa justa alguna para que el tope máximo de las tarifas por servicios portuarios se fije en un monto mayor al que actualmente rige.

Con fecha 2 de agosto se dirigió una carta al Presidente de la República con copia a los ministros de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración; Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca; Industrias y Competitividad; del Litoral; Transportes y Obras Públicas, en la cual el sector exportador expresó su rechazo debidamente fundamentado, respecto del incremento arbitrario de tarifas por parte de la compañía concesionaria.

Eduardo Ledesma García,
abogado, director ejecutivo de AEBE (Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador), Guayaquil