Segunda etapa. La ratificación del contrato para la nueva fase provoca reacciones.
Los diputados y consejeros provinciales de Manabí prefirieron dejar de lado sus críticas contra el régimen del presidente Rafael Correa. La ratificación del contrato para la segunda etapa del proyecto de riego Carrizal-Chone generó beneplácito entre los funcionarios.
Hace una semana el ministro del Litoral, Raúl Patiño, anunció que el Gobierno dejaba sin efecto el contrato con el consorcio Norberto Odebrecht e Hidalgo & Hidalgo, porque se detectó un presunto sobreprecio que oscilaba entre los 12 y 33 millones de dólares.
Sin embargo, el martes pasado el funcionario cambió de opinión. Ese día señaló que el consorcio se comprometió a ejecutar la obra a un costo de $ 84’800.000, por lo que el contrato se mantenía vigente.
En un comunicado la constructora brasileña Odebrecht informó que “atendiendo una solicitud del Presidente de la República” acordó reducir sus márgenes de utilidad y negociar con los proveedores para adquirir las tuberías y otros materiales a menor precio, además de disminuir sus utilidades y acortar el plazo de ejecución de los trabajos.
La reducción del periodo para culminar las obras de 24 a 18 meses hará que haya una disminución en el rubro de los sueldos que deben pagarse a los técnicos, manifestó Xavier Valencia, presidente de la Corporación Reguladora del Manejo Hídrico de Manabí (CRM).
El presidente de la Comisión de Asuntos Manabitas, Fernando Vinces, expresó su satisfacción por ese acuerdo “porque si se volvía a licitar la obra iba a demorar”.
Otros legisladores como Jaime Estrada y Nilton Díaz también expresaron su conformidad pero dijeron que pedirán a los organismos de control una investigación para determinar la existencia del presunto sobreprecio.
Pese al anuncio, el prefecto de Manabí, Mariano Zambrano, señaló que la asamblea fijada para mañana se mantendrá. “Siempre dije que eran los miembros de la asamblea los que debían decidir si nos íbamos a la paralización, pero ahora las cosas han cambiado”.
Dirigentes campesinos calificaron la decisión como electoral. “El Gobierno se retractó para ganar más votos porque la decisión inicial de dejar sin efecto el contrato provocó mucha crítica en la provincia”, indicó el agricultor Juan Torres.
Pedro Delgado, algodonero del cantón Tosagua, criticó que la contratación se reanude pese al intento de quererse cobrar más por una obra. “En vez de que haya sanciones por el sobreprecio, ahora resulta que la misma empresa hará la obra a un costo menor”.
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