Es posible que en ambas instituciones prime el deseo de cumplir con disposiciones legales existentes; pero no hay que olvidar que en un delito debe existir la intención de causar daño, y resulta que en toda la operación de usura del notario Cabrera participaron jerarcas civiles y militares que con su presencia, incluso física, hicieron creer a muchos ciudadanos de escasa preparación que esas operaciones eran legítimas.
Ninguna autoridad bancaria   advirtió a esas personas que lo que allí se organizaba era prohibido por la ley.

Añádase también que un comando de militares y policías asaltó y se llevó el dinero, dejando a miles de esos incautos sin un centavo.

Así pues, que se investigue primero la responsabilidad de los que avalaron al Notario y que se sancione a los que se robaron el dinero, porque solo entonces se podrá establecer quiénes actuaron como chulqueros conscientes y quiénes no fueron sino víctimas estafadas.