No dudó en romper el protocolo militar para saludar a los civiles y uniformados que le hacían una calle de honor y le aplaudían el pasado 3 de abril durante una visita a La Recoleta, el complejo militar del Ministerio de Defensa en Quito.
Un mes antes, el presidente de la República, Rafael Correa, había empezado un programa de ofrecimientos y asignación de obras a las Fuerzas Armadas, que actualmente significan desembolsos estatales por al menos 300 millones de dólares.
El 26 de febrero, al decretar la emergencia vial, le había dado al Cuerpo de Ingenieros del Ejército la tarea de reconstruir la red vial del país por un monto de 250 millones de dólares.
Sin embargo, fue el 3 de abril que el Primer Mandatario recibió informes sobre las condiciones de vida y de trabajo de los militares durante varias reuniones que mantuvo con la ministra Lorena Escudero y miembros del Comando Conjunto de las FF.AA.
Tres meses después hizo un anuncio que alegró a más de 21 mil pensionistas: “El Gobierno Nacional acaba de aprobar una ley para eliminar las aportaciones al Seguro Social de los militares retirados”.
Con esa ley, a los pensionistas ya no se les descuenta en su rol de pago el 7,25% de aportaciones. Es decir que reciben una pensión mayor, lo que representa unos 650 mil dólares mensuales (más de 9 millones al año) en la planilla de pagos.
Un segundo beneficio económico se concretaría el mes siguiente en la brigada blindada Galápagos, en Riobamba. “La homologación de sueldos para las Fuerzas Armadas y todo el sector público concluirá en el 2009 (un año antes de lo que se había previsto para este sector uniformado)”, decía el Presidente durante un desayuno con soldados y conscriptos de ese fuerte militar.
Analistas económicos no se atreven a dar cifras de cuánto dinero significará la homologación o equiparación de sueldos para los uniformados, pero advierten que “los costos para el Estado serán elevadísimos”.
Es más, consideran que el mayor problema será el financiamiento: “Cualquier financiamiento de las remuneraciones tiene que ser permanente y la única fórmula en el Estado son los impuestos; en rigor, la sociedad debería decir si está de acuerdo en financiar ese gasto o no”, expresa Jaime Carrera, secretario del Observatorio de la Política Fiscal.
El pasado 15 de agosto, Correa da otro voto de confianza, esta vez, para la Armada, a la que le da la tarea del dragado del puerto de Guayaquil, que lo había estado realizando una empresa privada por un valor de 42 millones de dólares.
“El costo va a salir igual o muy parecido, no creo que se encarece dándole a una compañía extranjera. El equipo que trae la Armada es similar al que utilizan las empresas internacionales”, explica Alfredo Grégor, ex presidente de la Fundación Dragado de Guayaquil.
Aunque analistas políticos consideran que todos estos ofrecimientos tienen de fondo una intencionalidad política, el viceministro de Defensa, Miguel Carvajal, califica los comentarios como “apreciaciones tendenciosas” y especulativas. “Los contratos tienen que ver con que el Estado ecuatoriano tiene que utilizar sus propios recursos, pero de ahí a que esto es una relación clientelar con las Fuerzas Armadas dista mucho”, cree Carvajal.
No obstante, el viceministro reconoce que los compromisos asumidos por el Gobierno a favor de las FF.AA. han repercutido en la población uniformada. “Sí se ha advertido que es valorado positivamente”, recalca. Varios militares consultados dicen estar satisfechos con los ofrecimientos del Presidente.
“Si a usted le aumentan el sueldo, qué le parece”, dice un capitán del Ejército que cree que las FF.AA. son parte del Gobierno y por eso tienen que respaldar al Presidente “así como él nos respalda”.
La homologación, dice un coronel en servicio activo, es un mérito del Mandatario, aunque resalta que ese es un proceso que empezó hace varios años. “Podría hacer muchas más cosas, pero nosotros seguiremos la línea de apoyo a la Constitución”, asegura este coronel.
Estructura
Misión
Las Fuerzas Armadas tienen los siguientes objetivos constitucionales: ejercer control efectivo del territorio nacional, sus espacios acuáticos, el mar territorial y el espacio aéreo. Proteger a la población, los recursos y el patrimonio nacional. Prevenir y defender al país ante cualquier tipo de agresión. Asistir en situaciones emergentes, desastres naturales y situaciones de crisis. Contribuir con las demás instituciones democráticas a la preservación y garantía del ordenamiento jurídico. Proteger a la población en caso de conmoción interna.
Comando
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas es el máximo organismo de planificación y conducción de las operaciones militares, cuyo jefe es el general Héctor Camacho. El comando tiene las funciones de asesorar al Presidente y al Ministro de Defensa en temas de seguridad nacional, planificar el empleo de la fuerza militar para la defensa del país y planear la delimitación de los espacios geográficos. Lo conforman, además de Camacho, los comandantes de las fuerzas Terrestre, Guillermo Vásconez; Naval, Homero Arellano; y Aérea, Jorge Fernando Gabela.
Presupuesto
El sector defensa utilizó para el año 2006 un presupuesto de 700,5 millones de dólares, de los cuales 341 se destinaron a la Fuerza Terrestre, 186 a la Fuerza Naval y 138 a la Fuerza Aérea. El presupuesto restante se dedicó a la Junta de Defensa Nacional, a la administración del Ministerio de Defensa, al Comando Conjunto. El presupuesto del 2005 había sido de 659 millones de dólares. Este año, el rubro se ubicó en 981 millones de dólares, de los cuales 186 millones provienen de la autogestión que realizan las empresas de las Fuerzas Armadas.
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