El Gobierno de Ecuador negó el jueves que haya realizado espionaje mediante filmaciones clandestinas y desafió a un ex asesor del Ministerio de Economía que revele un video que supuestamente afectaría la imagen del presidente Rafael Correa.
"No hemos grabado ningún video", afirmó el ministro de Gobierno, Gustavo Larrea, quien anotó que el ex asesor Quinto Pazmiño -quien planteó una demanda penal contra Correa por injurias- debe presentar la filmación que salpicaría al mandatario.
Pazmiño acusó al presidente de haber "hecho un espionaje terrible en Ecuador".
"Lo que él desee sacar que lo saque", retó Larrea, añadiendo que "no hay videos, es una especulación.
El ex asesor anunció el lunes que "le doy un plazo de 15 días (al jefe de Estado) para que le demuestre al país, con prueba plena, todas las imputaciones criminales que me ha hecho: que soy un ladrón, un canalla y que estuve en negociados (tratos ilícitos)".
"Voy a enseñarle al país un documento, un video, con la que creo es la razón fundamental por la que me sacó (del Gobierno). A usted, presidente, le tiemblan las patas (pies) conmigo, porque sabe de las altísimas responsabilidades que tuve", expresó.
Pero Larrea señaló que "creemos que no existen injurias, que (Correa) no se ha referido al señor Pazmiño, pero en todo caso es un problema en que el presidente, a través de sus abogados, se defenderá en la corte".
La máxima Corte Suprema de Justicia (CSJ) solicitó al Congreso opositor que autorice una demanda penal contra el presidente, a quien Pazmiño acusó de injurias graves y pidió una indemnización de diez millones de dólares. De ser encontrado culpable, Correa puede enfrentar una pena de hasta dos años de cárcel.
"Es el Congreso, que en ejercicio de sus atribuciones, decidirá si acepta o no el pedido", indicó el Ministro.
Pazmiño difundió en abril un video que salpicó al entonces ministro de Economía, Ricardo Patiño, en un escándalo que motivó su censura en el Legislativo y el traslado a otra cartera.
Una ley expedida recientemente por Correa prohíbe la difusión de cintas clandestinas sin autorización de los implicados, aunque faculta a los medios a realizar grabaciones que pudieran demostrar un delito.
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