La contratación de dos funcionarios, para que elaboren informes sobre el estado actual de las flotas pesqueras industrial y artesanal, provocó cuestionamientos al interior de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros (SRP) en Guayaquil.
El primer contrato objetado es el firmado entre la subsecretaria Marcela Aguiñaga y Bernardo Moscoso Plaza para el periodo 1 de junio-31 de agosto del 2007 por una remuneración de 1.500 dólares mensuales. Según informes del área jurídica, contable y financiera de la subsecretaría, que objetan el contrato, no se cumple con las disposiciones administrativas, pues no se justifica la instrucción superior de Moscoso y se invoca a un contrato de arrendamiento de servicios inmateriales, lo que “resulta muy forzado”, pues el objeto es la asesoría en pesca artesanal, además de que el arriendo se aplica a bienes como terrenos, edificios o maquinarias, revela. Aguiñaga dijo desconocer estas objeciones legales. “Se lo ha contratado a través de una figura legal absolutamente vigente en el código civil”, aseguró.
El segundo contrato cuestionado es el firmado entre Aguiñaga y el biólogo Carlos Villón Zambrano para el periodo 2 de mayo-31 de diciembre del 2007 por una remuneración de 1.500 dólares mensuales.
Según el documento se invoca a un contrato de servicio de consultoría, pero la subsecretaria Aguiñaga asegura que por el monto de la contratación (unos 12 mil dólares) no se aplica la ley de consultoría, que exige en su artículo 33 que “toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, para poder ejercer actividades de consultoría en el Ecuador, deberá inscribirse en el registro que con este fin tendrá a su cargo la Secretaría Técnica del Comité de Consultoría”. Villón, ex empleado del Instituto Nacional de Pesca (INP), no aparece en la nómina de consultores inscritos en la página www.comitedeconsultoria.gov.ec
En Manta
Bernardo Moscoso Plaza actualmente labora en la oficina técnica de Manta.
En Guayaquil
Carlos Villón se desempeña en la sede del SRP en Guayaquil.
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