El censo penitenciario, programado para el próximo mes, definirá el número de internos que no disponen de un abogado para su defensa por no contar con recursos económicos.
La Unidad Transitoria de Gestión de la Defensoría Pública, creada en el decreto de emergencia emitido el 24 de junio pasado, cerró el lunes la recepción de ofertas de centros legales. Según el director de la entidad, Ernesto Pazmiño, la respuesta “rebasó las expectativas de la unidad” porque se presentaron 52 centros legales de Quito y Guayaquil.
En Quito participan 30 y en Guayaquil 22, “lo que demuestra que la convocatoria tuvo éxito y la gente confía en el proceso”, asegura.
Los centros deben presentar hasta hoy los documentos que respalden su actividad como litigantes en el área penal, como su personería jurídica y demostrar que poseen infraestructura adecuada como computadoras con internet y oficinas.
Los centros calificados estarán conectados en red. La Unidad tendrá la asesoría de la Fundación Esquel.
El próximo jueves se firmarán los convenios con los centros calificados, que contarán con diez defensores.
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